Los socialistas presentan una proposición de ley sobre tráfico de influencias seis meses después del acuerdo

Los altos cargos de la Administración no podrán desarrollar actividades privadas que estén relacionadas con expedientes sobre los que hayan tenido relación en el ejercicio del cargo durante los dos años posteriores al momento en que abandonen el puesto en la Administración. Esta norma está incluida en una proposición de ley resentada ayer en el Congreso por el Grupo Socialista, que nace por mandato de la comisión de investigación sobre tráfico de influencias. La comisión fue creada por iniciativa del Grupo Popular y acabó sus trabajos el pasado mes de junio, hace ahora seis meses.

Los diputados del Grupo Popular no consiguieron que comparecieran ni que se investigara a varios altos cargos del PSOE que presuntamente habían incurrido en tráfico de influencias. Sí obtuvieron, no obstante, el compromiso de que hubiera una legislación más restrictiva que la actual para hacer más difíciles esas prácticas.El portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, al conocer ayer esta proposición de ley, manifestó que era insuficiente, pues no llega hasta las últimas consecuencias, que consistirían en introducir el delito de tráfico de influencias en el Código Penal. No obstante, el presidente del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, afirmó que dicha posibilidad "está en estudio".

De la comisión de tráfico de influencias salió el mandato de ajustar las normas del Congreso y del Senado sobre el control de las incompatibilidades de diputados y senadores, lo que requerirá la modificación de ambos reglamentos. Se instó a hacer lo mismo con los altos cargos de la Administración y a ello se dedica esta proposición de ley socialista.

El artículo 9º de la proposición de ley señala: "Quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil".

El siguiente apartado impone lo siguiente: "Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese en el desempeño de un alto cargo se abstendrán igualmente de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo". Un dirigente del CDS, que prefirió permanecer anónimo, señaló al leer este apartado que parece "estar pensado para Pilar Miró, en un afán de ponerle las cosas difíciles".

Afectados

Además del Gobierno y los secretarios de Estado y todos los titulares de puestos de libre designación, son altos cargos, según esta ley, los siguientes: el director general de RTVE; el presidente, los consejeros y el secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear; los subsecretarios, los secretarios generales, los directores gneerales de los ministerios y los equiparados a ellos; los miembros del gabinete de la Presidencia del Gobierno; los directores de los gabinetes de los ministros, y los secretarios de Estado, entre otros.

La última parte de la proposición hace referencia a los miembros de las corporaciones locales, ya que, si reciben retribuciones, su percepción será incompatible con cualquier otra con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas. Todos sus miembros, tanto concejales como alcaldes, fórmularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

A los diputados y los senadores se exigirá una información exhaustiva, a modo de declaración, sobre todas las actividades que lleven a cabo. El Congreso resolverá sobre la posible incompatibilidad y, si la declara el parlamentario, deberá optar entre el escaño y el cargo o actividad incompatible.