El escándalo de Recruit se cobra otro ministro japonés
El escándalo político-financiero originado por la compañía Recruit Cosmos y sus vínculos con miembros del partido en el poder en Japón, el Liberal Democrático (PLD), se cobró ayer una nueva victima, al anunciarse la dimisión del ministro de Planificación Económica, Ken Harada, por sus eventuales conexiones con el dinero político que mancha la imagen del Gobierno de Noboru Takeshita.
Harada es el segundo ministro de este Ejecutivo que ha dimitido por supuesta implicación en el escándalo. Takashi Hasegawa debió cesar como titular de Justicia a los dos días de haber sido nombrado, el 28 de diciembre pasado. Y, con anterioridad, el asunto del dinero político hizo caer al influyente ministro de Finanzas, Kiichi Miyazawa, y a varios secretarios de influyentes líderes del PLD, incluido el del primer ministro.La firma Recruit Cosmos había facilitado acciones a bajo precio a varios políticos, que las revendieron con fuertes beneficios cuando salieron a cotización pública, en una práctica de inside trading (información confidencial) bursátil, no penalizada en Japón pero de dudosa ética entre personalidades públicas.
Por otra parte, el Gobierno ha aprobado el nuevo presupuesto, en el que destaca un aumento del 5,9% en el gasto militar y del 7,8% en la ayuda para el desarrollo, lo que sitúa a Japón como el primer país del mundo en cuanto a ayuda financiera a los países en vías de desarollo, dentro de un programa quinquenal que destinara unos 50.000 millones de dólares para proyectos de cooperación al desarrollo.
En lo militar, Japón pasará a ocupan el tercer lugar mundial en gastos defensivos, a largo, distancia detrás de EE UU y la URSS, con un ambiguo programa de modernización de sus fuerzas de autodefensa, lo cual inquietará a sus vecinos de China, Corea del Sur, Corea del Norte y la URSS. Para el año fiscal que empieza el 1 de abril, Japón dedicará 3,91 billones de yenes, equivalente al 1,006% del producto interior bruto (PIB), superando, por tercer año consecutivo, el simbólico techo del 1% que se había marcado anteriormente, a fin de no decantarse hacia una política de rearme criticada por la oposición.
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