La Federación Europea de Sanidad Animal denuncia el funcionamiento de un mercado negro de hormonas

La Federación Europea de Sanidad Animal (Fedesa), en un memorándum redactado para el comité de investigación del Parlamento Europeo para los problemas de calidad en la carne, ha denunciado el funcionamiento de un mercado negro para la comercialización de hormonas en los diferentes países miembros. Para los responsables de esta entidad hay, además, indicios claros de que el crimen organizado está implicado en la distribución de hormonas ilícitas en ese mercado.

Fedesa es una asociación constituida en 1987 que representa a la industria de productos farmacéuticos para uso veterinario a nivel europeo. Sus miembros son las diferentes asociaciones nacionales, como la española Veterindustria, así como 20 corporaciones de investigadores de carácter internacional. Entre sus miembros están las firmas Elanco, Pitman-Moore, Roussel-Uclaf, Syntex y Upjohn, productores de las cinco hormonas (oestradiol 17B, progesterona, testosterona, trembolona y zeranol) que estaban registradas en diferentes Estados miembros antes de su prohibición por la CE. Según los datos manejados por esta federación, la prohibición de la CE a la utilización de una serie de hormonas que se habían utilizado antes en la legalidad en el conjunto de la Comunidad ha supuesto un grave perjuicio económico para los ganaderos y una inseguridad del consumidor, al no existir suficientes controles sobre la carne por el coste elevado de los mismos. En España, los gastos del sector en la adquisición de ese tipo de hormonas legales no superaba los 1.000 millones de pesetas. En el conjunto de la Comunidad, los gastos se situarían entre los 25.000 y los 30.000 millones de pesetas.

Para Fedesa, actualmente los ganaderos de los países comunitarios estarían pagando en el mercado negro el doble o el triple de su precio por productos que no reúnen las debidas garantías. Las cinco empresas que comercializaban las cinco hormonas dejaron de ofertar ese producto a partir de la prohibición. Sin embargo, según denuncia Fedesa en su memorándum al Parlamento, se están comercializando otras hormonas a través de mayoristas que proceden de Estados ajenos a la CE y especialmente desde la Europa del Este. En países como Italia, Bélgica y Holanda, los mercados de hormonas ilícitas, así como de otros productos sustitutivos, están ampliamente abastecidos, y se considera que algunos de los escándalos aparecidos en varios Estados representan solamente parte del iceberg de este problema.

Situación peligrosa

Investigaciones realizadas por la propia Federación en el mercado pusieron de manifiesto que muchas de las hormonas vendidas como tales eran compuestos desconocidos, situación que podría ser peligrosa. Se denuncia que los productos que se venden como hormonas se van adaptando progresivamente en función del avance de los métodos de detección utilizados por las autoridades comunitarias, en todo caso muy costosos y que no pueden responder para eliminar el problema.

Por parte de Fedesa se defiende la seguridad de las cinco hormonas prohibidas en la CE; se considera que no tienen riesgos para la sanidad y que mejoran la calidad de la carne, según los informes de diferentes expertos y organismos internacionales como el Comité de Expertos sobre Aditivos de la FAO y la Comisión del Código Alimentario de las Naciones Unidas. Para los responsables de esta Federación, la CE adoptó esa decisión fundamentalmente con el fin de reducir los excedentes de carne de vacuno, como señala el informe, "ha indicado tanto publica como privadamente la Comisión Europea". Según el informe de esta organización, la decisión de Bruselas ha sido más emocional y burocrática que científica, y no está en consonancia con las investigaciones costosas que llevan a cabo las industrias del sector.

En el caso de España, apunta un informe de Veterindustria, en los últimos años se produjo un fuerte avance en el control de las hormonas. En 1983 estaban tratadas con productos ilegales 650.000 cabezas, cifra que se redujo a 520.000 en 1985, a 270.000 en 1986, a 150.000 en 1987 y cero animales en 1988. Por el contrario, el número de animales tratados con hormonas legales pasó de 220.000 en 1983 a 800.000 en 1988. El uso de anabolizantes legales, según la industria, supone un peso extra para el animal de 20 kilos, así como una mejor valoración de canal entre 20 y 40 pesetas por kilo. Ello supone un beneficio extra bruto de unas 17.000 pesetas por animal. Debido a los mejores resultados, se considera que la prohibición del uso de este tipo de hormonas no va a suponer su eliminación del mercado, por lo que sería indispensable una solución científica al problema, para evitar que los ganaderos paguen más en el mercado negro y se ponga realmente en peligro a los consumidores por el uso de productos sin control.