Fiel a una tradición

EN SU discurso de Año Nuevo, el presidente Mitterrand anunció un nuevo giro a la política francesa en relación con los inmigrados. Coincidiendo con el bicentenario de la Revolución Francesa, el jefe del Estado galo puso el acento en la necesidad de revalorizar los ideales humanistas encarnados por aquélla y destacó la marginación de los inmigrados, por lo que pidió al Gobierno que revise "sin tardanza" las disposiciones administrativas que se les aplica, las cuales, dijo, "no me parecen ni equitativas ni justificadas". Se refería a la legislación adoptada en la etapa del Gobierno conservador de Jacques Chirac.Por distintas razones históricas, de cuatro a cinco millones de extranjeros residen en Francia, donde han buscado un refugio político o, más simplemente, un lugar donde vivir. La política sobre la población inmigrante ha sido tradicionalmente una de las líneas divisorias entre la izquierda y la derecha. Factor decisivo del desarrollo económico, los inmigrados sufren discriminaciones, persecuciones, y están sujetos a decisiones arbitrarias. La extrema derecha, con Le Pen y sus seguidores, ha utilizado los inevitables problemas sociales que dimanan de la presencia de inmigrados para fomentar el racismo y el odio hacia los extranjeros. Sin caer en esos extremos, el Gobierno de Chirac y sobre todo su ministro Pasqua elaboraron la ley que lleva el nombre de este último, en virtud de la cual se crearon nuevos obstáculos para legalizar su permanencia en el país y se facilitaron las expulsiones, dando para ello plenos poderes a la policía.

Desde el retorno de los socialistas al poder en la primavera pasada, un sector de la izquierda y sobre todo el movimiento SOS-Racisme, con un enorme respaldo entre la juventud, han pedido la abrogación de la ley Pasqua. A ello se ha resistido un sector del partido socialista alegando que no se podía realizar un cambio brusco. Pero Mitterrand ha zanjado las dudas en su partido y el Gobierno de Rocard ha adoptado ya medidas que deben poner término a las prácticas más negativas del período de Chirac y Pasqua, en espera de que el Parlamento apruebe una nueva legislación. De momento, se facilitará la concesión de permisos de residencia y las nacionalizaciones, y se devolverá a la competencia de los jueces la decisión en materia de expulsión de extranjeros.

La iniciativa de Mitterrand no responde sólo a un deseo de fidelidad a los ideales de la Revolución Francesa. Se produce cuando se aproximan las elecciones municipales y cua:qdo el PS ha perdido muchos votos en recientes consultas parciales. El lema de la "unidad de los franceses" -que fue decisivo en la reelección del presidente- ha perdido vigencia, y el PS necesita, s¡ quiere recuperar votos y movilizar a sus electores, recuperar sus señas de identidad. Y es bueno que comience a hacerlo adoptando una actitud más generosa con respecto a los inmigrados.

No sería acertado que la opinión española lamentase estas medidas por considerar que en la etapa de Pasqua había más expulsiones de etarras hacia España. El problema no es de cantidad: esa política indiscrimínada no permitió avanzar hacia lo que es esencial, es decir, la búsqueda y captura de los dirigentes de ETA. Por otra parte, ese aspecto específico no puede esconder el carácter básicamente reaccionario de la ley Pasqua, que dejaba a los inmigrados indefensos ante la omnipotencia policial. La nueva orientación del Gobierno de Rocard beneficiará al conjunto de los españoles -y otros extranjeros- residentes en el país vecino.