Cúrese como pueda

EL ESTADO general de la sanidad española sigue una pendiente de deterioro que el reciente informe del Defensor del Pueblo no hace sino confirmar. Los asalariados pagan puntualmente sus cuotas a la Seguridad Social y, en general, los ciudadanos se encuentran soportando una presión fiscal semejante a la de los países europeos. Pero, frente a ello, los servicios públicos son más que defectuosos y la sanidad, en particular, tiende a convertirse en un absoluto caos.Es incomprensible e inadmisible, cuando se cumplen más de seis años de gobierno socialista, la situación que registra la sanidad pública. España ocupa, entre los países de la OCDE, una primera plaza en médicos por habitante y se encuentra entre los últimos al contabilizar la oferta relativa de camas hospitalarias. El informe del Defensor del Pueblo, tras una investigación de seis meses sobre 17 grandes hospitales, pone de relieve las gravosas incoherencias del sistema sanitario. El calamitoso funcionamiento de la asistencia primaria en ambulatorios induce, por ejemplo, a reclamar los servicios de urgencia de los grandes centros. De esa manera, el paciente busca hallar una atención y procurarse, en su caso, una cama que por los medios normales establecidos no encontraría sino después de un inseguro laberinto. Por medio del irregular recurso a las urgencias se produce actualmente el 80% de los ingresos. Prácticamente, el 74% de quienes acuden a estos servicios lo hacen de forma espontánea, sin mediación facultativa y, en consecuencia, casi las tres cuartas partes de los que se presentan son devueltos a sus casas.

Calificar a la sanidad pública de barahúnda ha dejado de ser una afirmación exagerada y tendenciosa. En la distribución de los recursos existentes, en la administración de los fondos, en la ordenación de los recursos, el modelo es un prototipo de despilfarro, aplicable con igual rigor a las administraciones autonómicas, en las que el caos es similar a la del Estado. Prácticamente, toda la población ha sido incluida ya oficialmente en la Seguridad Social, pero lo cierto es que cualquier familia que dispone de los mínimos medios, o dobla el recurso a la sanidad pública con una consulta a la privada, o paga a la sanidad privada. El mismo ministro de Sanidad, quien en su exasperación llegó a recomendar un hospital privado a quien deseara una oferta sanitaria apropiada, ha refrendado el fracaso del sistema y de sus responsables.

Una mala determinación del modelo sanitario, doblada con la demagogia de extender la cobertura a casi la totalidad de la población, bajo una gestión desorientada médica y económicamente, provoca día a día un empeoramiento intolerable. Con los ambulatorios degradados, escasos de dotaciones materiales, pero también humanas -cuando, paradójicamente, hay unos 25.000 médicos parados-, los ciudadanos de este país caen en el ámbito de la desatención profunda o recurren a la picaresca de las urgencias.

El Instituto Nacional de la Salud (Insalud) ha respondido al informe crítico del Defensor del Pueblo arguyendo que existen obras de remodelación en las instalaciones de urgencia de cinco grandes hospitales, con inversiones de hasta 200 millones en La Paz -ya concluidas- y de 270 millones en el proyecto para el Doce de Octubre, ambos en Madrid. No niega, sin embargo, el Insalud, sino todo lo contrario, que "en los problemas de fondo" el informe es correcto. ¿Por qué no dimiten, pues, sus autoridades? Fue necesario emplear la medida de una huelga general para alertar al Gobierno sobre el malestar de una masa de ciudadanos que excedía con mucho al descontento síndical. En ese hondo malestar del 14 de diciembre estaban incluidas realidades dolorosas y no sólo, como se ha querido dar a entender, disgustos por un estilo del Gobierno. Existen realidades infames, directamente contabilizables en muertes y enfermedades mal atendidas, que exigen más de una dimisión y, desde luego, más de un simbólico coste político a los socialistas.