El Gobierno canario suspende la reducción arancelaria

El Gobierno canario ha decidido suspender el desarme arancelario que venía aplicándose en esta autonomía desde 1986 como consecuencia del ingreso de las islas, junto al resto del Estado, en la Comunidad Europea (CE). Esta medida de fuerza, que coincide con la presidencia española del Consejo de Ministros de la CE, fue adoptada por el ejecutivo aún en funciones a finales de la semana pasada, y aunque supone el incumplimiento de la normativa comunitaria, según reconocen las autoridades regionales, es, en su opinión, la única forma de evitar el caos económico de las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos). Éstas dependen de las recaudaciones por arbitrios de lujo y entrada de mercancías (impuestos específicos de las islas) y habían reclamado en vano a Madrid 11.000 millones de pesetas por la pérdida de ingresos en los últimos tres años.

No es la primera vez que se da un caso similar en el seno de la CE. Los territorios de ultramar de Francia (Guadalupe, Martinica, Guayana francesa y La Reunión) continúan aplicando, a pesar de su integración plena (Canarias, sin embargo, no pertenece a la Unión Aduanera) y en contra de sentencias de los tribunales comunitarios, unos impuestos semejantes al arbitrio canario, los octrois de mer (concesiones del mar).

Concretamente, el cabildo de Tenerife había acordado el pasado miércoles, en pleno, solicitar del Gobierno autónomo la congelación del recorte previsto en la tarifa de entrada de mercancías a partir de enero de 1989, dado el grave problema financiero de la institución. El nuevo presidente canario, Lorenzo Olarte, del CDS, que tomará posesión pasado mañana, confía en que la Administración se vea ahora comprometida a ofrecer una compensación justa, si bien admitió que "el paso dado armará revuelo".

Diálogo

Por su parte, el consejero de Hacienda, José Miguel González Hernández, señaló que "siempre es desagradable llegar a posturas conflictivas; preferimos que haya diálogo". Las autoridades canarias protestan porque Madrid ha hecho oídos sordos a la petición del Parlamento regional para que "indemnizara" la citada minoración.

Las haciendas de los cabildos y ayuntamientos se nutren en un 60% de las citadas recaudaciones fiscales, según establece la ley de Régimen Económico Fiscal (REF), vigente desde 1972 y que debe ser modificada por la adhesión a la CE.

El desarme arancelario ha representado que en 1986, a raíz de la incorporación a la CE, los arbitrios fueron reducidos al 90% de su valor; en 1987, al 77,5%, y en 1988 al 62,5%. Ahora, en enero de 1989, tendrían que situarse en un 47,5%, quedando, por tanto, por debajo de la mitad de su cuantía inicial de hace tres años.