Pan para hoy, hambre para mañana

La obligación de un nuevo contrato que regule las relaciones entre el Estado y Telefónica, de acuerdo con el imperativo establecido en la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), constituye el punto de partida del futuro sistema de tarifas telefónicas. El Gobierno quiere que el contrato fije un marco tarifario válido ya para definir los precios de 1989.Este objetivo es el que inspira los estudios oficiales que ahora están siendo analizados dentro de la Administración y en los que se contempla el dilema afrontado por Telefónica en 1983, cuando había que escoger entre anular la presión de la demanda o sanear las finanzas históricamente deterioradas por la excesiva apelación a los recursos externos. Solana prefirió la segunda opción, respaldando su decisión en el estancamiento del mercado en aquel momento.

Cinco años después, la situación es totalmente inversa. La demanda conoce techos imprevistos, y aunque la situación financiera de la compañía permite al menos plantear inversiones por encima del nivel que puede permitirse el país, la incógnita sigue vigente: ¿puede Telefónica afrontar el proceso inversor necesario para recuperar los niveles del servicio público? Éste es el debate que late ahora y que pone en evidencia el modelo histórico seguido por Telefónica y basado en la apelación al recurso externo.

Si la compañía continúa soportando en deuda su esfuerzo inversor, dentro de unos año,, no tendrá dinero ni para retribuir al capital, lo que exigir la aplicación de un modelo fundamentado en tarifas desproprocionadas o en subvenciones oficiales. El Gobierno intenta que la decidida y necesaria apuesta por las telecomunicaciones no convierta a Telefónica en pan para hoy y hambre para mañana.