Esta tierra es mía

DURANTE LOS primeros seis meses de 1988, la Comunidad Europea (CE) aprobó una importante reforma de la política agrícola común (PAC) encaminada a limitar las producciones, evitar el almacenamiento de excedentes y, en definitiva, reducir los gastos de este capítulo, el más cuantioso -con gran diferencia- de los presupuestos de la CE. En esta línea, se estabilizaron las producciones cerealistas en 160 millones de toneladas, se aplicaron tasas y supertasas y se continuó una política de precios a la baja y de endurecimiento de las condiciones de intervención. El objetivo era desalentar la producción y penalizar los excedentes.Esta política de reformas, asumida conscientemente por la CE, originaría graves problemas a determinadas estructuras agrarias menos competitivas. Por ello se aprobaron diferentes reglamentos en el primer trimestre de 1988 con el objeto de encarar las situaciones que se producirían en este tipo de explotaciones. Tres tipos de medidas eran especialmente importantes: abandono de tierras, jubilación anticipada y ayuda a las rentas.

El abandono de tierras fue defendido especialmente por la República Federal de Alemania. Se busca reducir la producción mediante un incentivo económico a los agricultores que dejen de cultivar sus tierras. La experiencia de Estados Unidos en las últimas décadas pone de manifiesto que su eficacia es solamente parcial. Las primeras previsiones, que contemplan el abandono de un millón de hectáreas en toda la CE, deberían haber sido establecidas el pasado mes de julio, cosa que todavía no ha ocurrido. También el plan de jubilaciones anticipadas debería haber entrado en vigor ya. El reglamento aprobado prevé que los agricultores o ganaderos que han cumplido los 55 años, y no han llegado a la edad de jubilación, puedan retirarse. La medida afecta especialmente a explotaciones cuyo titular debe realizar fuertes inversiones para hacerlas competitivas, pero que no está en disposición de emprenderlas por falta de perspectiva de continuidad de la explotación familiar.

La tercera medida, la ayuda para las rentas agrarias, sigue negociándose en Bruselas. Se trata con ella de compensar, a través de ayudas directas, las rentas de las explotaciones más marginales en zonas de menor producción, en el caso de que sus titulares sigan en la actividad agraria. Con todo, la medida más importante y que se aplicará en primer lugar, es la del abandono de las tierras. En el caso de España, su cumplimiento plantea, o podría plantear, problemas indirectos. La CE ya contemplaba la posibilidad de aplicarla con restricciones en algunas zonas por razones de índole económica, erosión, etcétera. España introdujo otras variables, como índices de paro o desertización, con el fin de evitar limitaciones. En la práctica, el Ministerio de Agricultura español aplicó una política muy restrictiva para que los abandonos de tierras fueran muy escasos. Se excluyeron todas las zonas en trance de desertización para impedir una desbandada de agricultores. Por otra parte, se fijaron unos baremos de compensación muy bajos: 16.000 y 19.000 pesetas por hectárea en secano, lo que no animará a casi nadie a dejar de laborar sus tierras.

Pero si tal vez conviene suavizar, al menos en España, la aplicación de esta norma, el retraso en la entrada en vigor del sistema de ayudas a la renta y de jubilaciones anticipadas puede resultar dramático, porque provocará serias descompensaciones en una reforma que, en su conjunto, es imprescindible para sanear los presupuestos comunitarios, drenados de recursos por el mantenimiento de una agricultura excedentaria y subvencionada.