El control de los medicamentos

Desde mayo pasado se han publicado en este periódico diversos artículos de opinión sobre la legalización de la droga. Además de las opiniones, el sábado 29 de octubre aparecen las primeras noticias sobre dos iniciativas, de grupos sociológicamente dispares, que en Barcelona (IGIA) y en Madrid (PAD) pretenden llevar adelante acciones en pro de esa legalización.Los principales argumentos que tanto teóricos como activistas esgrimen a favor de esta postura legalizadora son: el final de la delincuencia que acarrea el tráfico ¡legal, y con ello la disminución notoria de la inseguridad ciudadana y de la superpoblación carcelaria; por otra parte, la desaparición de las elevadas tasas de enfermedad y muerte que implica el uso de sustancias peligrosas manipuladas y vendidas en la clandestinidad; ambos argumentos parecen sensatos pero generan ciertos interrogantes sobre la esencia de la propuesta.

Cuestión de método

1. ¿Significa legalizar la droga entregar heroína sólo a los ya adictos o a todos aquellos que la pidan, aunque no lo sean aún?

2. Si se contempla la segunda posibilidad, ¿se pondría alguna limitación al consumo de droga por razón de edad, sexo, marginación social o económica, o inestabilidad psicológica?

3. En el caso de establecer restricciones al consumo, ¿cómo y por quién se determinarían? ¿Sería ésta una actividad sanitaria? ¿Por qué razón?

Dependiendo de cómo se conteste a estas preguntas, parecen esbozarse dos modos de entender la tal legalización, a mi modo de ver bien diferentes.

Si lo que se pretende es administrar droga a los ya adictos, a través de instituciones y personal sanitario, entonces sería mejor no hablar de legalización de droga, sino de apoyo abierto a los tratamientos de mantenimiento con opiáceos (en frase peyorativa de ciertos sectores sanitarios, "tratamientos con sustitutivos"). Estos tratamientos, de larga tradición (25 años en algunos lugares), han acarreado ventajas tales como tener sólo un 5% de seropositivos para el SIDA entre los heroinómanos de Amsterdam (frente a nuestro 60%), o que se conozcan bien los porcentajes de eficacia (60% para los retenidos más de un año) para este tipo de tratamientos, y las condiciones mínimas para lograr su eficiencia, como ocurre en EE UU, pero no han eliminado, sino atenuado (y es bastante), los males sociales achacables a la drogadicción. En esos lugares siguen existiendo tráfico ilícito, mafias, delincuencia, enfermedad y muerte asociadas al consumo de droga. Como señaló el doctor Rüïtjer, médico encargado del programa de asistencia a toxicómanos en el Ayuntamiento de Amsterdam (Valencia, noviembre, 1987), "lo que hemos hecho es enseñar a los drogadictos a serlo con el menor riesgo posible; nuestra política de drogas consiste en la limitación de los riesgos; no intentamos ayudarles a dejar la heroína, sino que les enseñamos cómo hacerlo, y aceptamos que no decidan cambiar su conducta de adicción en ese momento".

Prohibición

Todo esto nada tiene que ver con la postura de G. Vattimo, cuando afronta radicalmente en su artículo Droga y represión (EL PAÍS, 24 de octubre) el problema de la legalización de la droga. Entiendo que el pensamiento de Vattimo no va en la línea de promover mayor número de tratamiento de mantenimiento con opiáceos, sino en la de plantear a la sociedad que organizando bien la información sobre drogodependencias y la prevención-disuasión del consumo de drogas no tiene sentido prohibir su venta o controlar su distribución, ya que los males derivados de esa prohibición y este control son, en su opinión, mayores que los derivados de un acceso libre y responsable a la droga.

Éste es el punto de discusión verdaderamente atrayente para cualquier sanitario; desde que los farmacéuticos existimos, parte de nuestra función sanitaria consiste en ejercer la "custodia y control" de los medicamentos existentes.

Pero ¿qué quiere decir hoy controlar medicamentos, si no se es responsable de su fabricación? ¿Custodiarlos en exclusiva? ¿Conservarlos en las condiciones necesarias? ¿Comprobar la adecuación de lo que se nos pide para lo que se pretende tratar? ¿Comprobar que el que los necesita conoce el modo más eficaz de usarlos? ¿Comprobar a posteriori que se están usando correctamente?

Por estos caminos se desarrolla hoy nuestra profesión, en la creencia de que cada vez es más complejo manejar los actuales medicamentos de modo favorable para la salud. Sin embargo, el planteamiento radical de la legalización de la droga da al traste con esta línea de actividades profesionales derivadas de la "custodia y control", quizá impregnada, como señala Vattimo, "de un ciego moralismo lleno de buena fe".

Consecuencias finales

Pero el filósofo italiano y los que siguen sus planteamientos respecto de este problema deben asumir las consecuencias finales de lo que se postula: si en las farmacias o fuera de ellas hubiera obligación de facilitar heroína a todo aquel que la solicite, no tendría sentido restringir cualquier otro tipo de medicamentos a ningún otro tipo de ciudadano, y ello quiere decir que en tal sociedad cualquier persona, en cualquier momento, podría disponer de pastillas, inyectables o jarabes con los que fácilmente se puede matar, alucinar, desangrar, adormecer, delirar, abortar, dejar sordo o ciego, provocar vómitos, disminuir las defensas y todo el largo etcétera de efectos indeseables que esas pequeñas cajitas de colores "custodiadas y controladas" por los farmacéuticos pueden provocar.

Una sociedad compuesta de individuos que, con conocimientos exactos, sean capaces de manejar en libertad todos los bienes de que hoy dispone la humanidad, entre ellos los medicamentos, es sin duda deseable. En esa sociedad nuestra función pasaría a ser simplemente informativa, pero yo dudo que a corto plazo esto sea posible y tan inocuo como Vattimo imagina.