A oscuras

LA DISCUSIÓN de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado no ha permitido esclarecer las intenciones del Ejecutivo en materia económica. Siguiendo la costumbre de años anteriores, el Gobierno no ha presentado las cifras esenciales de la política monetaria. Esta actitud contrasta con la que mantuvo el PSOE en sus tiempos de oposición, cuando reclamaba con vehemencia no ya las cifras generales del presupuesto monetario, sino incluso el detalle de éste, aduciendo, con razón, que sin esos datos la discusión de la política presupuestaria carecía de sentido.En esta primera fase del debate, el principal problema que ha quedado en la oscuridad ha sido el del carácter del presupuesto y su posible influencia sobre la coyuntura económica a lo largo de los próximos meses. Tras las declaraciones y advertencias, tanto del Banco de España como del Ministerio de Economía, sobre el recalentamiento de la economía, nos encontramos con un presupuesto caracterizado oficialmente por su carácter expansivo. Presentar un presupuesto expansivo en una situación de exceso de demanda es algo que contradice el más elemental sentido común. Y, sin embargo, es lo que parece desprenderse de las discusiones de estos días, a menos, claro está, que el presupuesto no sea tan expansivo como oficialmente se dice (por ejemplo, porque se recaude más de lo previsto), en cuyo caso los efectos sobre la coyuntura serían diferentes. En apoyo de esta segunda tesis puede aducirse la proyectada reducción del déficit en 1989: si todo sucede como está escrito en el papel, el presupuesto para el próximo año será, en principio, menos expansivo que el correspondiente a 1988. Evidentemente, habría sido deseable obtener algún grado de ilustración sobre estos extremos, pero desgraciadamente la discusión ha ido por otros derroteros, y a la hora actual nadie sabe si el Gobierno quiere apoyar o frenar la demanda en 1989, lo cual produce un cierto asombro a la salida de un debate sobre los aspectos generales del presupuesto.

Respecto a la evolución de las rentas, el Gobierno ha advertido que si el crecimiento de los salarios supera el 5% para el año que viene, aumentará las retenciones del impuesto sobre la renta como medio de aliviar las tensiones de la economía. Es comprensible y loable el deseo oficial de reducir la inflación hasta cifras compatibles con las de nuestro entorno económico, pero entonces lo que resulta incomprensible es el aumento acordado a los funcionarios, superior a ese mismo 5% que ahora se fija como el límite compatible con los equilibrios de la economía.

Sobre la mayoría de estos problemas la oposición ha guardado un discreto silencio. El único punto que ha suscitado la unanimidad -en la derecha y en la izquierda, ya que ambas bandas ideológicas llevaron al Congreso las peticiones de las centrales sindicales- ha sido el de la solicitud de un crédito extraordinario para compensar los efectos del aumento de la inflación sobre las rentas de pensionistas y funcionarios. El ministro se ha opuesto a esta demanda con cifras que muestran que el crecimiento medio de las remuneraciones de estos colectivos supera la nueva cifra prevista para la inflación de este año y no han perdido poder adquisitivo. En este terreno es lógica la preocupación oficial por reducir el grado de indiciación de la economía: los informes de los organismos internacionales lo recomiendan como requisito indispensable para la creación de empleo. Por ello resulta incomprensible que el mismo día que se rechaza la indiciación de los salarios se apruebe la de las tarifas de las autopistas, siguiendo con ello el ejemplo de lo sucedido con las tarifas de la electricidad. En esto, como en otras cosas, el Gobierno debería ser algo más coherente en sus planteamientos.