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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Ceremonia de la confusión

LA PROYECTADA reforma del proceso penal impulsada por el Ministerio de Justicia, y que, entre otros aspectos, propugnaba la asignación a los fiscales de nuevas- atribuciones sobre investigación penal, y a la Policía Judicial la conducción de diligencias hasta ahora atribuidas al juez, ha sido podada por el Consejo de Ministros de algunas de sus ramas, pero no se sabe a ciencia cierta de cuáles. La víspera, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había elaborado un informe en el que, junto a opiniones favorables a la actualización de determinados artículos del Código Penal, se rechazaban las dos propuestas antes citadas, en la misma línea de los pronunciamientos críticos de la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales.Ese informe era, contra lo que aseguró ayer la portavoz del Gobierno, Rosa Conde -con un énfasis que

sólo podía nacer de la ignorancia-, preceptivo, por más que sus conclusiones no sean vinculantes. Así lo exige taxativamente el artículo 108 de la ley orgánica del Poder Judicial. De las protestas de respeto a los principios constitucionales y loas a la voluntad de concordia del Gobierno expresadas por la portavoz y el ministro de Justicia después del Consejo de Ministros podría deducirse que entre las ramas del anteproyecto podadas figuran esas dos. Pero ni Rosa Conde ni Enrique Múgica, que dieron la sensación de estar interpretando un libreto escrito para otros actores, fueron capaces de explicarlo con claridad. No se sabe si porque no consideraban el asunto especialmente relevante o si porque ellos mismos no entendían bien el argumento.

Tras afirmar que el Gobierno "ha estudiado y tenido en cuenta" el informe del CGPJ, Múgica aseguró que se mantendrían las actuales competencias de los fiscales, pero añadió algo sobre la necesidad de que esos funcionarios recobren "viejos usos caídos en desuso", como los de realizar determinadas actuaciones en la fase de investigación, incluyendo la facultad de archivar denuncias. Ahora bien, del informe del CGPJ se deduce que la atribución a los fiscales de facultades paralelas a las de los jueces distorsiona gravemente el sistema de garantías jurídicas consagrado por la Constitución, ya que, por una parte, "puede verse cuestionada la imparcialidad del órgano instructor" -dada su simultánea condición de acusador-, y, por otra, "carece de sentido, por la inseguridad que genera, que un órgano jurisdiccional independiente e imparcial, con la exclusiva función de instruir, coexista con otro órgano con funciones paralelas y no bien delimitadas". El asunto, por tanto, no es en absoluto baladí: tiene que ver con todo el edificio procesal configurado a lo largo de un siglo.

Por ello mismo resulta inaudita la irresponsabilidad con que se ha procedido. La sentencia del Tribunal Constitucional del 12 de julio -que declaraba inconstitucional la acumulación en un mismo órgano jurisdiccional de los actos de instrucción y fallo- hizo concebir a determinados burócratas la idea de resolver el colapso de la justicia tirando por la calle de en medio. La imprescindible reforma procesal fue plasmada en un proyecto de ley, redactado con mentalidad oficinesca, que tuvo la virtud de concitar el rechazo simultáneo de todas las partes implicadas. Esa reacción, que en el caso de las asociaciones de jueces no puede atribuirse a intereses corporativos -más bien al contrario-, hacía inviable en la práctica la vía elegida por los estrategas del Ministerio de Justicia.

Así ha debido entenderlo el Gobierno, que -si se confirma la confusa impresión extraída de la conferencia de prensa de ayer- parece haber optado, al menos en la parte más controvertida del anteproyecto, por una retirada parcial. Si así fuera, revelaría la vitalidad de la sociedad, capaz de generar, a través de los cauces propios del sistema democrático, los contrapesos necesarios a la tendencia del poder político al arbitrismo. Por lo demás, sólo a la vista del articulado concreto del anteproyecto aprobado ayer por el Gobierno podrá dilucidarse hasta dónde ha llegado el sentido de la realidad de sus componentes y qué dosis del principio de sostenella sigue formando parte de su dieta.

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