La CE decide liberalizar el mercado de la construcción en 1990

Las obras públicas dejarán de ser un mercado reservado a las constructoras de cada país para abrirse a las compañías de cualquier Estado de la CE. El acuerdo de principio alcanzado ayer por los doce en Luxemburgo supondrá la apertura, en 1990, de un mercado de 20,6 billones de pesetas al año. La Comisión Europea calcula que la instauración de la libre competencia en este sector tradicionalmente cerrado a los intereses extranjeros aportará un ahorro presupuestario global de 2,6 billones de pesetas anuales, más del doble de las inversiones públicas españolas en este campo.

El Consejo de Ministros de la Comunidad sobre mercado interior, presidido por la ministra de Comercio de Grecia, Vasso Papandreu, quien en enero se convertirá en la primera mujer comisario de la historia de la CE, consiguió ayer desbloquear un tema sometido a debate desde hacía dos años.La nueva directiva tendrá que superar las reservas presentadas por alemanes y franceses, el dictamen preceptivo del Parlamento Europeo y el plazo de espera de un año antes de su entrada en vigor. Ésta se producirá probablemente en marzo de 1990. España, Portugal y Grecia gozarán, sin embargo, de un plazo adicional, hasta marzo de 1992, para abrir las licitaciones de contratos públicos. Las empresas españolas podrán acudir, mientras tanto, a concursos en otros países comunitarios. En el caso español, la excepción no es ajena a las grandes inversiones en marcha con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos y el V Centenario, en Barcelona y Sevilla, respectivamente.

La representación española, presidida por el secretario de Estado para la CE, Pedro Solbes, calificó la nueva directiva de "perfeccionamiento" de la tímida apertura iniciada en 1971.

Hasta ahora, algunos Gobiernos habían ofrecido fuertes resistencias por las consecuencias de esta reforma. El sector europeo de la construcción es muy desigual en cuanto al tamaño de las compañías, el equipamiento tecnológico y las sinergias transnacionales que pueden establecer los grandes grupos franceses o alemanes. Como medida defensiva, algunas constructoras y sociedades de ingeniería españolas ya han establecidojoint ventures y acuerdos de cooperación con empresas comunitarias. Las obras públicas constituyen sólo una parte menor (29%) de las compras de la CE. El conjunto de este mercado, alimentado por los organismos públicos, asciende a 71 billones de pesetas al año.

Falta el acuerdo para sectores sensibles, sobre todo por la magnitud inversora del Estado, como telecomunicaciones, energía, transportes y medio ambiente. Las divergencias de los Gobiernos se mantienen también en el espinoso tema de establecer procedimientos jurídicos eficaces contra las violaciones del principio de igualdad de oportunidades en este tipo de contratos.

Acuerdo electrónico

El acuerdo sobre obras públicas no fue el único avance importante conseguido ayer en la perspectiva de la creación del mercado único a partir de 1992. El Consejo de Ministros aprobó una directiva sobre abonos y otra sobre el umbral máximo de ruido de los tubos de escape de las motocicletas, que obligará a efectuar transformaciones a las industrias del sector.

Los doce lograron también una posición común sobre la compatibilidad electromagnética de los aparatos de radio y televisión, electrodomésticos, maquinaria industrial, aeronáuticos y para la marina, instrumental médico, etcétera.

Esta directiva recoge el compromiso de armonizar en cuatro años todos estos aparatos para evitar que su uso simultáneo produzca interferencias en su funcionamiento. Los fabricantes tendrán que hacer frente a fuertes inversiones de adaptación, aunque el coste para las pequeñas y medianas empresas y los mecanimos de control a establecer son todavía aspectos que suscitan diferencias.