La Zarzuela y el Congreso, entre los 4.000 edificios con pararrayos radiactivos ilegales

Los palacios de la Zarzuela, Real y del Pardo, el Congreso de los Diputados, el Ayuntamiento de Madrid, el Museo del Prado, los ministerios de Cultura, Trabajo, Economía, Agricultura y Educación, los hospitales Primero de Octubre, Santa Cristina, Cruz Roja, Gregorio Marañón, San Juan de Dios y Generalísimo Franco, el Palacio de Exposiciones y Congresos, la Audiencia Nacional, la sede del PSOE y el Consejo de Seguridad Nuclear son parte de los 4.000 edificios de Madrid y su provincia que tienen instalado un pararrayos radiactivo ilegal.

Este tipo de pararrayos está prohibido desde el 13 de junio de 1986 por el peligro que suponen para la salud de las personas, aunque se concedió un plazo de un año, que posteriormente se amplió a dos, para retirarlos o adoptar una serie de medidas de protección y seguridad y así legalizar su situación. La radiación que estos aparatos producen puede causar quemaduras y, a largo plazo, cáncer.El real decreto sobre prohibición de nuevos pararrayos y retirada de los ya instalados establecía que los cabezales, es decir, la parte radiactiva, que puede estar compuesta de americio 241, radio 226, estroncio 90, cripton 85 o carbono 14, deben ser tratados como residuos radiactivos y retirados por personal especializado de las empresas autorizadas por el Gobierno.

Sin embargo, esta labor de retirada de los pararrayos no se ha podido llevar a cabo todavía por ausencia de lugares adecuados para almacenarlos.

Hasta ahora, algunos poseedores de los pararrayos han encargado su sustitución por otros convencionales a personal no especializado, que en muchos casos ha dejado el cabezal radiactivo en el tejado del usuario, con lo que el peligro no se ha eliminado.

Conflicto

Uno de los escasos recintos para el almacenamiento de los cabezales que cumple con los requisitos exigidos por el Consejo de Seguridad Nuclear se encuentra en el polígono industrial de San Fernando de Henares, pero las instalaciones no se han abierto debido a que el Ayuntamiento no concede la licencia de apertura.

La corporación de San Fernando ha alegado que la nave no cumple las normas urbanísticas. Además, considera, desde el punto de vista político, que hay un deterioro general del medio ambiente en la zona, al que hay que poner freno. Las instalaciones en cuestión se encuentran a menos de 2.500 metros de un importante núcleo urbano, y no parece aceptable, según manifestó el concejal de Urbanismo de San Fernando, que se almacenen elementos contaminantes con radiación, por baja que ésta sea, en un polígono industrial, donde en la nave de al lado hay personas trabajando. "No entendemos", añadió el edil, "el empeño de la empresa de almacenar los pararrayos en medio del polígono industrial, cuando lo lógico sería que lo hicieran en un lugar apartado". El Consejo de Seguridad Nuclear, sin embargo, ha estimado adecuada la ubicación de la instalación.

Javier Dorca, letrado del equipo de José María Mohedano y abogado de Medyrad, empresa propietaria del almacén de pararrayos, llevó el caso a los tribunales por entender que las auténticas razones del Ayuntamiento de San Fernando eran cuestiones de seguridad y no urbanísticas. Dorca estima que el municipio no está capacitado para decidir en materia de seguridad, y cita el estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, según el cual este organismo es el "único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica".

El abogado solicitó de la Audiencia Territorial de Madrid una autorización para retirar y almacenar los pararrayos mientras se debatía la cuestión de fondo, aduciendo que era mejor que los pararrayos radiactivos estuvieran en un lugar seguro para que no sigan contaminando mientras dure el largo proceso judicial.

La Audiencia se ha negado a que se inicie el almacenamiento por entender que supondría tanto como conceder tácitamente la licencia denegada. En cualquier caso, antes de un mes debe resolver la cuestión de fondo.