Un grupo de juristas denuncia la violación de los derechos humanos en Colombia

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel denunció ayer en París el incumplimiernto por parte de Colombia de los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Pérez Esquivel preside una comisión internacional de juristas y de representantes de organizaciones no gubernamentales que ha visitado Colombia del 24 de febrero al 5 de marzo de este año.Los integrantes de la comisión, entre los que figura el abogado español Eugenio Gay, secretario del Movimiento Internacional de Juristas Católicos, presentaron el informe elaborado a raíz de su visita de observación al país suramericano y denunciaron la situación de total indefensión jurídica de los ciudadanos, la descomposición social y la quiebra del poder del Estado, incapaz de hacer frente a los distintos tipos de violencia que asolan el país.

La comisión afirma que la seguridad de los ciudadanos no está garantizada, aboga por la limitación de las leyes contrarias al Estado de derecho, pide una condena solemne por parte de las autoridades civiles y militares de las actividades de los escuadrones de la muerte, reclama la prohibición absoluta de la tortura y de las "ejecuciones extrajurídicas", propone la constitución de una comisión nacional de diálogo entre todas las fuerzas sociales y hace un llamamiento a la comunidad internacional sobre la gravedad de la situación colombiana.

Paramilitares

Sin olvidar la violencia protagonizada por la guerrilla o por los narcotraficantes, la comisión internacional resalta la ejercida por los grupos armados paramilitares o por los grupos de autodefensa formados por los terratenientes, así como la "impunidad" con que actúa el Ejército colombiano en la represión de la disidencia.

El general francés Roland Glavany, representante en la comisión de la fundación encabezada por la esposa del presidente, François Mitterrand, destacó la "connivencia" entre el Ejército y los grupos paramilitares y de autodefensa. Estos últimos son, además, legales, según la Constitución colombiana.

Los miembros de la comisión internacional visitaron durante su estancia en Colombia las regiones de Cali, Medellín y Bucaramanga, además de la capital, Bogotá. Recogieron más de cien testimonios sobre la violación de los derechos humanos, aunque por razones de seguridad no figuran todos en el informe. Pese a ello, algunas de las personas entrevistadas han sido asesinadas después de la visita de la comision.

Para ilustrar la gravedad de las matanzas en las zonas de Uraba y Meta, el informe incluye el siguiente testimonio de un grupo de campesinos: "Con motivo de una fiesta en un pueblo, un domingo, una docena de personas civiles equipadas con armamento militar se presentó en la plaza del pueblo, colocaron contra un muro a unos 12 hombres y mujeres y los masacraron".