Guatemala está aún muy lejos de la democracia

Quien haya visitado recientemente Guatemala habrá visto vallas publicitarias en calles y carreteras y anuncios en la televisión y escuchado por la radio insistentes eslóganes de que el país vive en democracia desde hace dos años y ocho meses, cuando el democristiano Vinicio Cerezo ganó en las urnas la elección presidencial que puso fin a un largo período de regímenes militares. Desgraciadamente, no parece que sea así, y el deterioro del clima social es preocupante.

En mayo, el presidente Cerezo logró abortar una intentona golpista de oficiales contrarios a cualquier vía negociadora con la guerrilla, y en agosto, las organizaciones sindicales pusieron a Cerezo contra las cuerdas con una huelga general de tres semanas en repudio de la política económica gubernamental y de la proliferación de desapariciones y asesinatos por parte de grupos paramilitares. "Guatemala sigue viviendo el mismo clima de terror que antes, y el presidente Cerezo es cómplice de esta situación por haberla permitido", afirma Oswaldo Enríquez, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG)."Cerezo se ha convertido en el presidente más impopular de toda Centroamérica. Está condicionado por los militares, que han vuelto a recuperar el control del aparato represivo, y se ha alejado del pueblo", declara Enríquez en una entrevista con este diario. "Los dos años y ocho meses de Gobierno democristiano no han supuesto cambios cualitativos para el pueblo, y la situación de los derechos humanos no ha hecho más que empeorar".

Crisis profunda

Los indicadores sociales y económicos reflejan una crisis profunda, aunque no puede achacarse principalmente al actual Gobierno por ser consecuencia de factores estructurales históricos. Vinicio Cerezo no ha sabido satisfacer las expectativas que despertó el regreso del poder civil.El índice de analfabetismo en Guatemala es del 67,4%, y en las zonas indígenas llega hasta el 95%. De cada mil bebés, 80 mueren antes de cumplir un año y 300 antes de los tres años, por desnutrición. La esperanza de vida en la ciudad es de 56 años, y en el campo, de 46. Hay un déficit de 1,2 millones de casas. El 50% de los guatemaltecos está desempleado, y el 70% de la tierra está en manos de un 2% de la población.

"Se necesita con urgencia una reforma agraria, que ningún Gobierno ha querido impulsar, y el actual tampoco", según Enríquez. La Iglesia y el arzobispo de Guatemala se han puesto en contra del Gobierno. El arzobispo ha sido tildado de comunista después de una carta pastoral titulada El clamor por la tierra.

Guatemala, como producto de esta situación, vive un conflicto armado interno desde hace 27 años, cuyo saldo social es de más de 100.000 asesinatos políticos y 40.000 desaparecidos. La guerra ha obligado a más de 100.000 campesinos indígenas a abandonar el país y refugiarse principalmente en México.

Los exilados piden para regresar garantías de que se castigará a los responsables de más de 400 matanzas de la población indígena, que se les devuelva sus tierras y no ser incorporados a las aldeas modelo -una especie de campos de concentración para indígenas que permite el control militar de aproximadamente un millón de personas-, y, además, solicitan no ser obligados a participar en las patrullas de defensa civil, órganos paramilitares que tienen que enfrentarse a la insurgencia.

Impunidad

En el campo se registran bombardeos indiscriminados contra la población y fumigaciones en las zonas de conflicto, con aviones de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) y sin permiso del Congreso. El pretexto es combatir el cultivo de la marihuana."Ha habido impunidad, y sigue habiéndola actualmente, para quienes cometen los crímenes", dice el coordinador de la CDHG. Cerezo, agrega, es "corresponsable y cómplice" de la situación. Últimamente se han reactivado las organizaciones paramilitares vinculadas al Ejército. Hace pocos meses, la misma Policía Nacional detuvo a cuatro guardias de Hacienda responsables de ejecuciones de muchos opositores.

La detención tuvo como consecuencia que otros 25 compañeros, incluido el director de la Policía de Hacienda, fueran procesados. El abogado y el juez que llevaban la causa fueron secuestrados. El primero fue asesinado y el segundo liberado, pero dos días después ordenaba la puesta en libertad de todos los encausados sin dar explicaciones. El Gobierno, que no dijo nada, nombró al director de la Policía de Hacienda, Óscar Díaz Urquizu, miembro de la seguridad del presidente Cerezo.

Con respecto a las negociaciones con la guerrilla, "no existe, ni por parte de Cerezo ni por la del Ejército, una voluntad de diálogo, pese al deseo popular de que así ocurra", sostiene Enríquez. Recientemente han sido asesinados dos dirigentes estudiantiles, y dos sacerdotes fueron objeto de atentados; la persecución de la libertad de prensa arrecia, y alrededor del 80% de los dirigentes sindicales está amenazado de muerte. "Es inexcusable que el Gobierno tome medidas serias", sentencia Enríquez.

Esquipulas 2 está en crisis, afirma el responsable de la CDHG, sobre todo desde la desaparición de la comisión internacional de control y verificación del proceso. "Desde ese momento, la situación de los derechos humanos se ha degradado en toda la región. La Comunidad Europea tiene el deber de convertirse en una organización moral pata que el plan de paz se lleve a efecto", señala, por último, Enríquez.