La oposición chilena reacciona con cautela ante el fin del estado de excepción decidido por el Gobierno

Los partidos de la oposición y la Iglesia católica reaccionaron ayer con cautela ante el anunciado término de los dos estados de excepción que regían en Chile ininterrumpidamente desde el golpe militar de 1973. Valoran positivamente la medida gubernamental, pero estiman que resulta "insuficiente y tardía". El régimen, entre tanto, realiza los últimos preparativos para la reunión que los cuatro comandantes en jefe de las fuerzas armadas tendrán el martes 30 en el Ministerio de Defensa para designar el candidato -casi seguramente, el general Augusto Pinochet- al referéndum unipersonal de octubre.

Organismos de derechos humanos examinan caso a caso la situación de cerca de 600 exiliados (267, según cifras oficiales), para determinar quiénes pueden retornar al finalizar la vigencia de los estados de emergencia y de peligro de perturbación de la paz interior.El término de los estados d excepción había sido pedido anteriormente por dos miembros de la Junta de Gobierno, para que el plebiscito se realizara bajo normalidad institucional. Los comandantes en jefe de la Marina, Fuerza Aérea y Carabineros -quienes, con el general Augusto Pinochet, designarán el candidato- han usado el hecho de que ellos designarán el representante de las Fuerzas Armadas en el plebiscito para alcanzar esta única garantía. En cambio, en otras proposiciones de la Junta, como la preferencia por elecciones libres y la definición de civil para un candidato ideal, no tuvieron éxito.

Casi seguro candidato

A cinco días de la designación, existe casi absoluta seguridad que Pinochet, en campaña electoral de hecho desde hace un año, será designado para postular la extensión de su presidencia hasta 1997. Diversas señales lo prueban. Las autoridades están convocando a los santiaguinos a manifestar espontáneamente su alegría por la designación el mismo martes 30, en una plaza céntrica.El ministro de Defensa, vicealmirante en retiro Patricio Carvajal, sostuvo que el jefe de la Armada y miembro de la Junta, José Toribio Merino, anunciará el mismo 30 al candidato. Este anuncio es sólo posible si hay unanimidad en la designación. Pero si no hubiera acuerdo entre los cuatro electores, la decisión debería postergarse 48 horas, hasta que se reuniera el Consejo de Seguridad Nacional, en el que Pinochet tiene mayoría.

Pero el régimen no ha desarmado su andamiaje para controlar a la población. Dispone todavía de una abundante legislación restrictiva, y Merino amenazó con restringir las libertades públicas si hay manifestaciones y desorden callejero. Por eso, la oposición reaccionó con cautela. El presidente del Partido Democristiano y portavoz del Comando del No, Patricio Aylwin, sostuvo que la medida es "un paso importante" y una "garantía mínima en vísperas de un plebiscito", pero expresó sus reparos porque el exilio no ha terminado, y el poco equitativo acceso de la oposición a la TV durante la campaña. El secretario general del Partido Socialista, Ricardo Núñez, abogó por el fin de la anormalidad y exigió que cesen los juicios a periodistas y el exilio.

Para el presidente de la Conferencia Episcopal, obispo Carlos González, la medida fue "un paso muy positivo y valioso", aunque pidió darle "tiempo al tiempo" para evaluarla y "ver completas las cosas". Recordó, no obstante, que la Iglesia también ha pedido al régimen, para que el plebiscito se realice en condiciones adecuadas, acceso igualitario de la oposición a los medios de comunicación, especialmente la TV, para lo cual "falta bastante".

Las principales diferencias en el Chile de ayer con el que hubo en los últimos 15 años todavía no son visibles. Si el régimen respeta su legalidad sin subterfugios, los chilenos podrán realizar manifestaciones y editar diarios y revistas sin pedir permiso previo. El Gobierno no podrá deportar, detener, ni exiliar por vía administrativa, aunque sí a través de los tribunales de justicia.

Hasta ayer persistían dudas sobre lo que ocurrirá con los exiliados. Aunque los exiliados por artículo 24 transitorio de la Constitución pueden regresar en cuanto el diario oficial publique el término de los estados de excepción, aquellos expulsados de Chile por estado de emergencia, tendrán que pedir permiso para retornar. La legislación, "en forma absolutamente irracional", afirma el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo, prevé que la medida de expulsión persistirá aun sin estados de excepción.

Varios abogados revisaron la lista de exiliados y se pusieron en contacto telefónico con algunos de ellos, para saber quiénes podían afrontar el riesgo de intentar regresar durante este período de incertidumbre. Otros preparaban un recurso ante la justicia. El secretario de relaciones internacionales de la Comisión de Derechos Humanos, Gonzalo Taborga, declaró a EL PAÍS que Hortensia Bussi, viuda del ex presidente Salvador Allende, se encuentra entre las personas que pueden retornar, porque tiene prohibición de ingreso por el artículo 24. Denis Pascal Allende, sobrina del ex presidente, volvió ayer de su exilio en Buenos Aires y tras presentarse ante las autoridades fue dejada en libertad.