España rechazará la operación si la valoración de Entel supera los 2.100 millones de dólares

Telefónica ha solicitado al Gobierno argentino un plazo de 15 días para tomar una decisión definitiva sobre el proyecto de privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de este país latinoamericano. Al mismo tiempo, la empresa española ha fijado en 2.100 millones de dólares el techo máximo dé valoración para la actual Entel. A partir de este importe, la participación de Telefónica estaría virtualmente descartada.La pasada semana, la comisión mixta designada por Telefónica y la Administración argentina concluyó los trabajos técnicos que ahora serán supervisados por el Banco Mundial, a fin de fijar el valor de la actual Entel. Telefónica, en su papel de coordinador de un pool inversor extranjero, ha limitado la aportación financiera a un total de 750 millones de dólares, con un colchón de más menos 20%; es decir, desde un mínimo de 600 millones de dólares hasta un máximo de 900.

Con estos recursos el grupo dirigido por Telefónica se aseguraría una participación en la nueva Entel del 30%, que es el nivel mínimo que la compañía española considera imprescindible para poder asegurarse el control efectivo de la futura empresa conjunta y de la red telefónica argentina.

Con estas premisas, y partiendo del supuesto más optimista que implica una inversión límite de 900 millones de dólares, el valor actual de la empresa no debería superar los 2.100 millones de dólares. De lo contrario, Telefónica tendría que incrementar su esfuerzo inversor o reducir la participación por debajo del 30%, lo que, según fuentes de la propia empresa española, "haría prácticamente inviable la operación".

Acelerar los trámites

Los responsables de Telefónica han instado, por otra parte, al ministro argentino de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, para que acelere la tramitación de todo el proceso administrativo pertinente para definir si el proyecto de Entel sigue adelante. En este sentido, la compañía que preside Luis Solana quiere que el Gobierno de Raúl Alfonsín decida también en un plazo máximo de 15 días su posición oficial, con objeto de que a mediados de este mismo mes exista ya una decisión firme por ambas partes.A partir de entonces, y en el caso de que España y Argentina respalden la carta de intenciones suscrita por Luis Solana con el ministro Terragno, el proyecto entraría en una segunda vertiente, de carácter político, en la que será el Gobierno de Alfonsín el que deba hacer valer su papel ante los poderes públicos.

Telefónica reconoce, de todos modos, la incertidumbre que caracteriza actualmente al proyecto. Fuentes de la empresa han señalado al respecto que Telefónica no puede hacer nada para evitar las controversias políticas que se han despertado en Argentina. Para nosotros, el interlocutor válido no es otro que el Gobierno actual, con el que tratamos de llegar a un acuerdo definitivo".