Las Malvinas, en el banquillo

CON EL inicio en Buenos Aires del juicio civil que se sigue contra los responsables de la derrota militar en la guerra de las Malvinas hace seis años ha empezado un nuevo, y probablemente estéril, examen de conciencia colectivo. Un desgarro más en la estructura social de Argentina, embarcada desde hace un lustro en el drama de hallar y juzgar a los culpables del negro período de historia que se cierra precisamente con tan ridícula aventura bélica. El poder civil se ha visto obligado a ir de puntillas, con una delicadeza y una precisión de cirujano, para investigar, acusar y condenar; el camino ha estado sembrado de incertidumbre y dificultades para la justicia. Porque el Ejército, convencido de haber ganado una guerra necesaria contra la subversión, nunca ha aceptado que se le condene por ello. El presidente Alfonsín se ha movido literalmente por un campo de minas. Tuvo que respirar hondo, tragar saliva y aceptar criterios de obediencia debida y leyes de punto final, alzamientos de Campo de Mayo y aventuras de coroneles sedicentemente democráticos.Es cierto que ahora la afición levantisca de los militares argentinos no es tan preocupante porque su capacidad de hacerlo ordenada y eficazmente es lo suficientemente escasa como para no inspirar cuidado. Perduran, sin embargo, las bravuconerías. El último ejemplo de que el Ejército argentino no tolera críticas a la actuación de uno de los suyos ha sido la mal disimulada amenaza proferida por la nueva cúpula militar democrática contra el candidato presidencial radical Angeloz, que se ha permitido llamar "borracho" al general Galtieri, miembro de la Junta que perdió la guerra de las Malvinas, encarcelado por ello por sus pares y notorio aficionado a las bebidas espirituosas.

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires ha iniciado juicio civil contra los tres miembros de aquella Junta. Los tres, Galtieri, el almirante Anaya y el general del Aire Lami Dozo, ya fueron condenados en 1985 a 14, 12 y 8 años de cárcel, respectivamente, por un tribunal militar. En aquel proceso habían sido absueltos otros tres altos jefes, los más directamente implicados en el fiasco de las operaciones militares. Ahora se piden para todos varias penas de cárcel. Y se revive un proceso que, se asegura, no es un juicio político, sino la evaluación, que no puede ser sino militar, de la decisión de haber iniciado una guerra "que jamás debió comenzar". Es notable que un tribunal civil vaya a enjuiciar la conducta militar y las decisiones estratégicas de unos mandos que, además, ya fueron condenados por su propio estamento. Tal vez la explicación esté precisamente en que en Argentina, hoy, no puede la sociedad civil condenar de los militares más que lo que los propios militares aceptan como condenable: la conducta de una guerra que cubrió de ignominia a quienes la desencadenaron.

Lo demás, lo que el Ejército hizo en tanto que usurpador del poder civil, sigue siendo tabú. Continúa siendo una herida abierta, la gran asignatura pendiente. Y es dudoso concebir que ésta se cierre con una amnistía general. Una medida así sería interpretada con toda seguridad como un agravio por quienes claman todavía que se haga justicia y es poco probable que encarrilase la vida del país hacia el olvido saludable. Sin duda, éste es el propósito que alimenta el candidato justicialista, Menem, con su propuesta de una ley de pacificación nacional, aunque es ciertamente curioso que ésta provenga de un político cuya oferta consiste en resucitar el pasado que hizo posible la tragedia. Ojalá la nación latinoamericana no se vuelva a sumir en el círculo vicioso del que por un instante pareció haberse escapado.