González afirma que el juicio sobre los fondos reservados debe ser "'preferentemente político"

J. P. El presidente Felipe González defendió ayer a los policías supuestamente relacionados con los GAL, a los que considera víctimas de un clima de "Iinchamiento moral". González reclamó un consenso sobre los fondos reservados a disposición del Gobierno -cuya existencia considera una de las garantías de la democracia-, que debe servir para que las actuaciones judiciales "no interfieran" las decisiones del Parlamento sobre esos fondos y para que el juicio sobre los mismos sea "preferentemente político". Resumió así su exposición: "El Estado de derecho se defiende en las tribunas y en los salones, pero también en los desagües".

A lo largo de una hora y cuarto de conferencia de prensa -con la cual cerraba el curso político de su Gobierno- Felipe González dedicó mucho espacio al problema de los fondos reservados. Comenzó por precisar el alcance de sus palabras en el Congreso de los Diputados, el pasado día 20, en el sentido de que las reformas legales en preparación no consisten en normas especiales, ni en leyes de defensa de la democracia, sino en desarrollar un aspecto constitucional pendiente, que es la ley donde se rijan las "prerrogativas del Gobierno".El presidente confía en que "una interpretación correcta del derecho permita que las actuaciones judiciales no interfieran en una decisión soberana del Parlamento sobre la reserva de los fondos para la utilización discrecional por el Gobierno". Y añadió: "Si se demuestra una utilización de esos fondos radicalmente contraria a sus fines legales, es mejor que haya un juicio preferentemente politico". (Cabe deducir de sus palabras que esta preferencia se refiere a un juicio en el ámbito parlamentarío).

Servicios de información

"Si se puede hablar del destino de una parte o de la totalidad de esos gastos reservados, sería absurdo mantener una partida presupuestaria de fondos reservados". El presidente consideró paradójico poner ejerriplos de las razones por las que no se puede hablar de esto, pero mencionó uno: si hay que tener servicios de información que operan en el exterior, es difícil someter esos gastos a una descripción legal. Para González, el meollo del problema es que la democracia funciona con un pequeño porcentaje de sus gastos bajo reserva.

González descartó también que las reformas en preparación afecten al derecho de defensa de los terroristas -momento en que volvió a mencionar la existencia de letrados que hacen de "correos de ETA"- y negó que se estudien medidas para conseguir el anonimato de las fuerzas antiterroristas, para las que reclamó no sólo el apiyo del Gobierno, sino de toda la sociedad.

El presidente abundó en este último concepto, al responder a preguntas relacionadas con los policías Amedo y Domínguez. En respuesta a varias preguntas, una de las cuales trataba de averiguar si el jefe del Gobierno conocía las actividades presuntamente delletivas de ambos, González aseguró que él no conoce personalmente a dichos funcionarios, "salvo por lo que ha aparecído en la Prensa", y recordó que no han sido procesados.

El presidente negó que él haya autorizado actividades ilegales, como las que llevan a cabo los GAL. "Lo que se ha sabido de los GAL es por investigaciones de la policía española, que naturalmente ha trabajado en el ámbito de las fronteras de España, que es nuestra responsabilidad".

"No hay implicaciones"

"Nadie conseguirá demostrar implicaciones del aparato de la seguridad del Estado en las actividades de los GAL, pese a que ha habido quien ha hecho grandes esfuerzos por conseguirlo", dijo. En ese momento mencionó una carta, que dijo haber recibido de un detenido de los GAL, en la que se dice que una persona acudió a visitarle a Francia con fotografias de varios policías españoles, con intención de que señalara a algunos de ellos como implicados en la trama.

"Fue en Portugal", le interrumpió el periodista que había hecho la pregunta. "Bueno, pues, en Portugal", replicó González. "Yo no doy mucha importancia a esa carta. Lo que digo es que hay personas que han pretendido el linchamiento moral de los funcionarlos afectados, que tienen el derecho y el deber de sentirse defendidos y respaldados por su Gobierno. Y de ahí no cabe deducir nada más que lo que he dicho: los funcionarios de la policía tienen el derecho de esperar el respaldo del Gobierno y de toda la sociedad democrática, mientras no se demuestre lo contrario".

El único hecho de sangre que se ha producido "entre los amigos de ETA" durante su mandato -continuó- fue la muerte de Santiago Brouard, que ha sido investigada por la policía "hasta donde lo han permitido esos amigos de ETA, que han puesto todas las dificultades posibles para que continuara la investigación".

En caso de que se produzca el procesamiento de los policías Amedo y Domínguez, el Gobierno pondrá en marcha, a través de la policía, las investigaciones complementarlas "que demanden jueces y tribunales".

González no consideró oportuno un nuevo pronunciamiento sobre diálogos o negociaciones con ETA. Calificó este asunto como "típico de las serpientes de verano", pese al comentario realizado por el propio ministro del Interior, José Luis Corcuera, quien condicionó cualquier diálogo de este tipo a la previa fiberación del industrial Emiliano Revilla.

En torno al caso Revilla, se límitó a restar importancia a las declaraciones de la familia del industrial en contra del Gobierno.