Los trabajadores y la construcción de un espacio social europeo

La Comunidad Europea debe incrementar la capacidad redistributiva de los fondos estructurales, avanzar en el proceso de armonización de normas comunes y fortalecer el papel de los sindicatos si se quiere caminar en el horizonte de la creación del espacio social europeo más allá de la Europa del comercio.

El Acta única Europea incluye un nuevo Título V, relativo a las medidas necesarias para reforzar la cohesión económica y social. Con él se intenta responder al aumento de la heterogeneidad económica derivada de la ampliación de la CE a 12 Estados miembros y a la desigualdad y los desequilibrios que pueden conllevar de la aplicación de la normativa liberalizadora que debe aprobarse antes de 1992, para cumplir con el objetivo de crear un auténtico mercado común, sin trabas a la circulación de bienes, factores y servicios, pues nada garantiza, según la experiencia de 1957, que este proceso liberalizador reparta equitativamente los beneficios y los costes que produce. Además, los mecanismos redistributivos con los que cuenta hoy la CE son, a mi modo de ver, insuficientes para hacer frente a las nuevas necesidades de la Comunidad en su composición actual.A seis meses de la presidencia de España de la CE, es bueno que nos planteemos qué es y cómo avanzar hacia el objetivo de la cohesión económica y social, tema harto complicado, debido, tanto a las resistencias que va a encontrar, como al proceso de integración en sí, que no parece garantizar una mayor convergencia. En este sentido, si analizamos la historia comunitaria, se puede ver cómo sus ampliaciones sucesivas han incrementado las disparidades entre países y desde su creación, la posición relativa de las regiones tiende a permanecer: en general, los ricos han tendido a seguir ricos y los pobres a no dejar de serlo, en términos relativos; ahí están para demostrarlo las diferencias de hasta un 60% de la renta entre las regiones comunitarias con mayor y menor desarrollo.

Por ello, si se quiere caminar hacia una mayor equiparación, es necesario que la Comunidad se dote de mecanismos que garanticen una evolución paralela de los países que la componen, reduciendo los desequilibrios existentes y evitando la creación de otros nuevos.

Para contribuir a este objetivo, haría especial hincapié en al menos dos cuestiones:

1. Los Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA), que deberían tener una importancia redistributiva, y bien empleados, contribuir a la modernización y desarrollo de ciertas zonas. El problema es su mínima cuantía y sus fuertes limitaciones, tanto dentro de la CE como en su aplicación concreta de nuestro país, con una escasa cuando no nula participación sindical.

2. La armonización de normas comunes, así como el establecimiento de ciertos derechos generales. En un momento caracterizado por una fuerte interdependencia entre las políticas económicas y sociales, la Comunidad debe esforzarse por desarrollar una política social más coherente. La intervención directa de los sindicatos europeos, así como el papel del Comité Económico y Social, es muy importante en este campo.

Fondos estructurales

Debo hacer especial hincapié en el primer punto, dado que el Consejo Europeo ha dado luz verde a la reforma de los Fondos Estructurales, lo que significa duplicar en 1993, en términos reales, la dotación presupuestaria de los mismos, que, siendo aún insuficiente por lo poco que supone en relación al presupuesto global, puede incrementar con una buena utilización y mejor participación de las fuerzas sociales, las posibilidades de intervención estructural de la Comunidad, garantizando su eficiencia y poniendo en primer término los objetivos de desarrollo armonioso del conjunto y la reducción de diferencias entre regiones.

En cuanto al segundo punto, se trata de ir homogeneizando la normativa comunitaria en línea con lo recogido en el Acta de la 253ª sesión plenaria del CES, celebrada en febrero último, estandarizando algunas leyes hacia niveles más elevados, por lo que aquellos países que estén menos desarrollados deberán ser ayudados.

Es importante también, en línea con lo dicho hasta ahora, el dictamen del Comité Económico y Social adoptado en Bruselas el 19 de noviembre de 1987, que en su punto C, y de acuerdo con las directrices de la Confederación Europea de Sindicatos, apuesta por la creación de un espacio social europeo que englobe:

1) Una política para el empleo dirigida con prioridad a la lucha contra el paro de larga duración y a la integración profesional de los jóvenes. 2) Una política social basada en una legislación marco comunitaria. 3) Un apoyo consecuente al diálogo social.

Lo anterior significa, en definitiva, y desde nuestra óptica, aumentar el poder y la capacidad de los sindicatos de negociar el modelo de desarrollo europeo del futuro, que éste se haga de forma armónica y solidaria, consiguiendo, a medio plazo, ciertos derechos sociales, entre los que el movimiento sindical europeo podría priorizar los del salario, jornada y prestaciones mínimas para todos, que, lógicamente, deben estar por encima de las existentes actualmente en los países más retrasados.

Los sindicatos europeos tenemos un reto importantísimo que exige el tomar de forma unitaria la iniciativa en el marco de la CE para luchar por los intereses de los trabajadores y de las clases populares. Y desde un punto de vista de criterios macroeconómicos, conseguir una relación diferente entre el norte y el sur de Europa, entre las regiones más avanzadas y las más atrasadas.

Pero esto no exime al Gobierno español de sus responsabilidades; en concreto, podría comenzar por hacer una política más social, como reiteradamente venimos pidiendo los sindicatos, capaz de irnos acercando a las prestaciones y bienestar social de la mayoría de los países de la CE. Así demostrará en su futura presidencia la voluntad real de contribuir con el ejemplo a la configuración de este tan necesario espacio social europeo.

es secretaria confederal de empleo de CC OO.