Lezo da la alarma en la lucha contra la droga

El ataque de vecinos de Lezo (Guipúzcoa) a las viviendas de las dos mujeres expulsadas el pasado 23 de junio era un acto previsto, y desde luego no el peor de los desenlaces posibles en una tierra en la que ETA Militar trata de justificar su existencia presentándose como el justiciero popular. Los violentos sucesos evidencian un enorme vacío de autoridad moral e ilustran lo relativo de la eficacia mostrada por las instituciones para encauzar prestamente los conflictos suscitados alrededor de la droga en Euskadi antes de que discurran por derroteros subterráneos al sistema democrático.

Los sucesos violentos han contado con la participación o el apoyo expreso masivo de los vecinos del barrio de Altamira, y basta con leer el sentido de las pintadas y recordar los gritos de "¡ETA, mátalos!" que han presidido las manifestaciones para saber quién ha capitalizado estos hechos, que se producen inmediatamente después de las reacciones populares por los asesinatos de los industriales de Elgóibar y Éibar acusados de traficantes por la organización terrorista. Los partidos políticos democráticos temen ahora que el ejemplo de Lezo se extienda a otros puntos.Dos semanas después de lo que el diputado Bandrés, testigo de los hechos, ha llamado "la noche del linchamiento", los vecinos del barrio de Altamira de Lezo continúan patrullando en piquetes nocturnos, para defenderse ahora, dicen, de posibles represalias de los traficantes expulsados. No parecen albergar mala conciencia por los violentos sucesos de aquella noche terrible en la que lograron expulsar de sus casas a las dos mujeres que ellos consideraron como los últimos miembros del clan de traficantes de Altamira.

La mayoría del Ayuntamiento de Lezo -todos los partidos con excepción de HB- se mostraba ayer al mediodía dispuesta a suspender en el pleno convocado para las ocho de la tarde el acuerdo municipal anterior en el que se aprobó unánimemente declarar personas non gratas a cuatro vecinos supuestos traficantes, entre los que se encontraban las últimas expulsadas, Marivi Arroyo y Josefa Chaves.

Los vecinos de Altamira admiten que su comportamiento justiciero en el desenlace de una situación iniciada hace casi tres años no es precisamente el ideal, pero añaden que era el único posible por la extrema tensión de los últimos meses, con enfrentamientos, amenazas telefónicas cruzadas y quema de vehículos de una y otra parte. Justifican sus acciones por la inoperancia mostrada por las policías y la justicia para terminar con un conflicto declarado entre varias familias y el resto del barrio. "El movimiento de drogadictos buscando heroína en el barrio era continuo, afirman. "Algunos preguntaban directamente por algunos de los traficantes. Luego, con las primeras denuncias, vinieron también las amenazas y los enfrentamientos, hasta que la situación se hizo insoportable".

Es un hecho cierto, avalado por las distintas policías y por los jueces, que el barrio de Altamira ha sido estos años uno de los puntos de venta de heroína. De hecho, varios de los integrantes de ese supuesto clan de traficantes se encuentran en prisión o pendientes de procesamientos.

No es el caso de Marivi Arroyo ni de Joseba Chaves, pero los vecinos las consideran igualmente parte de ese grupo por su relación con las otras familias sospechosas, por las visitas que dicen que recibían y por el antedecente establecido en Rentería, donde años atrás alguien pintó con la palabra traficante un puesto de helados que regentaba la segunda de estas mujeres. Tal y como ella misma declaró, Josefa Chaves fue sometida a un reconocimiento en rueda, pero no fue identificada como la persona que había vendido la droga.

En contra de lo que opina el alcalde de Lezo y militante de HB, Mikel Arrizabalaga, para quien los vecinos han actuado correctamente al verse desamparados frente a los supuestos traficantes, el diputado Juan María Bandrés, cuya presencia fue requerida por las dos expulsadas, opina que la cuestión no está en creer o no si las dos mujeres son o no traficantes, "el problema está en que un grupo de gente manipulada asuma el papel de juez y verdugo y trate de aplicar la ley del linchamiento".