La reducción de las 'lluvias ácidas' en la CE costará a España 300.000 millones

España deberá gastarse alrededor de 300.000 millones de pesetas para poner en práctica, de aquí a principios del próximo siglo, la reducción de la contaminación provocada por sus centrales térmicas, acordada en la madrugada de ayer en Luxemburgo por los ministros de Medio Ambiente de los doce. El acuerdo comunitario intenta erradicar las llamadas lluvias ácidas, que destruyen en la actualidad los bosques de Europa central.

Reunidos en la noche del martes al miércoles, los titulares de Medio Ambiente aprobaron por unanimidad un compromiso para disminuir drásticamente las emisiones a la atmósfera de di óxido de azufre y de óxido de nitrógeno que contempla numerosas derogaciones para España, que estuvo representada por su ministro del ramo, Javier Sáenz Cosculluela.Las concesiones hechas a España y también al Reino Unido, el otro gran causante de la contaminación, suscitaron a mediados de mes las reservas de Francia, Italia y, sobre todo, Portugal, que las consideraron excesivas, pero estos tres países acabaron levantándolas para evitar asumir la responsabilidad de impedir la consecución de un acuerdo negociado desde hace cinco años.

La luz verde dada al compromiso sobre emanaciones tóxicas de las centrales térmicas y sobre vehículos de pequeña cilindrada supone un nuevo éxito de la presidencia de la CE por Alemania Occidental, que concluye hoy, con tanta mayor razón cuanto que la opinión pública alemana está muy sensibilizada a las cuestiones medioambientales.

El ministro alemán, Klau Topfer, estimó, sin embargo, que el programa adoptado ayer "es sin duda, el mejor posible, pero no es del todo satisfactorio", al tiempo que el comisario europeo Stanley Clinton-Davís recalcaba algo más satisfecho, "que [el programa] representaba un enorme esfuerzo financiero para sanear nuestro entorno". Sáenz Cosculluela calificó, por su parte, la directiva aprobada como una de las más importantes de los, últimos años. .

Para que se aceptase el acuerdo, Topfer tuvo que comprometerse a no favorecer en su país, mediante incentivos fiscales, la compra de vehículos provistos de un escape catalizador, que reduce las emanaciones tóxicas, para cuya fabricación la industria alemana posee la mejor tecnología en la Comunidad.

Cifras exageradas

Los colaboradores del ministro español aseguran que su puesta en práctica costará al Tesoro español unos 300.000 millones de pesetas de aquí al año 2002, pero si no se hubiesen incluido exenciones para España su coste ascendería a 650.000 millones de pesetas. Los expertos comunitarios consideran estas cifras algo exageradas.

La directiva prevé reducir, mediante la instalación de avanzados filtros, en un 70% y en tres etapas - 1993, 1998 y 2002- las emanaciones de dióxido de carbono de las centrales térmicas existentes en la CE, y en un 36% y tan sólo en dos etapas - 1993 y 1998- las de óxido de nitrógeno, pero esos porcentajes globaless no son los mismos para todos los Estados miembros, ni tampoco coinciden los plazos, que en el caso de España se alargan en cuatro años, al tiempo que la disminución de dióxido de azufre será un 20% inferior a la fijada como objetivo global.

En cuanto a las nuevas centrales energéticas con una capacidad superior a 50 megavatios, la directiva estipula que deberán ser cinco veces menos contaminantes que las actuales, gracias, entre otras cosas, a la desulfuración del carbón al 90%. Pero Sáenz Coscullela también logró para España una rebaja de ese porcentaje hasta un 60% para el carbón importado y para el de producción nacional, que es mucho más contaminante, aunque sólo representa en torno a un 15% del parque eléctrico que, se va a instalar en España.

En el curso de la larga negociación, el ministro español, que ha sorprendido a sus colegas resaltando que las emanaciones de las centrales térmicas españolas apenas provocan lluvias ácidas, asegura que las derogaciones obtenidas "no constituyen privilegios, sino la toma en consideración de nuestro esfuerzo", que debe ser proporcional al consumo de electricidad en España, aún inferior en un 30% a la media