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Ledesma descarta la adopción de medidas penales para combatir el SIDA

El ministro español de Justicia, Fernando Ledesma, declaró ayer en Lisboa que el Gobierno es contrario a la adopción de "cualquier instrumento ad hoc" en el dominio penal respecto a la transmisión del SIDA. Ledesma resaltó la adopción de medidas administrativas, en particular la prevención y la información del público.El Consejo de Europa se declaró ayer contra toda resolución que signifique la marginación de los enfermos del SI DA. La declaración fue realizada durante el acto inaugural de la XVI conferencia que los 21 ministros de Justicia europeos iniciaron en Lisboa para debatir cuestiones penales relacionadas con esta enfermedad y con el tráfico sexual de niños y mujeres jóvenes.

El ministro español descartó, de acuardo con el parecer casi unánime de las delegaciones presentes en la capital portuguesa las medidas que impliquen la invasión de la intimidad y la limitación de la libertad del individuo, como la imposición del certificado de sanidad a la entrada del territorio nacional o el chequeo obligatorio para los grupos de riesgo.

Porque "el miedo, sobre todo cuando es colectivo, es mal consejero en materia penal", como subraya el informe presentado por la delegación portuguesa a la reunión, el debate sobre las "cuestiones penales y criminológicas planteadas por la propagación de las enfermedades contagiosas, incluido el fenómeno del SIDA", traduce la creciente preocupación de los poderes públicos por las reacciones, eventualmente irracionales, que el síndrome provoca en las respectivas opiniones públicas, informa Nicole Guardiola.

Política común

Fuentes del Consejo de Europa declararon ayer a Reuter que el debate a puerta cerrada se centraría en la variada legislación sobre el tema en los países miembros e incluso, según las mismas fuentes, podrían elaborar una política legal común para luchar contra el SIDA."El castigo del culpable o la indemnización es una flaca compensación para la víctima", reza la ponencia. "¿Porqué condenar a una persona muy enferma o moribunda cuando está sentenciada de antemano a la última pena?". El representante portugés, Manuel Antonio Lopes Rocha, dijo que la legislación tiene poco efecto ya que "las víctimas no protestan; parte del problema es que es que la infección es imposible de probar".

El informe concluía que se podría clasificar la transmisión del SIDA como un crimen, particularmente cuando el contagiante se sabe portador del virus del síndrome.

Por otro lado, Héctor Anabitarte, representante del Comité Ciudadano Anti-SIDA, declaró a EL PAÍS que la información, la educación y la solidaridad con los afectados han de ser las estrategias para la lucha contra el síndrome y nunca la marginación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de junio de 1988