Un paso de gigante

LA PRESIDENCIA alemana de la Comunidad Europea culmina, a finales de este mes, con la adopción de una de las decisiones más trascendentales para el futuro de la construcción europea. La liberalización de los mercados de capitales a corto plazo, aprobada por los ministros de Finanzas de los 12 países comunitarios el pasado 13 de junio, aun con todas las limitaciones de plazos para su entrada en vigor y las cláusulas de separación temporal que se admiten, constituye uno de los pasos más importantes dados hasta ahora para que el mercado único europeo, previsto para enero de 1993, no se quede en una mera declaración de intenciones.La directiva que deberá aprobar la próxima cumbre de jefes de Estado y, de Gobierno de la CE, que tendrá lugar en Hannover los días 27 y 28 de este mes, supone que en el plazo de dos años -cuatro para españoles, irlandeses, portugueses y griegos- los ciudadanos de los países miembros podrán operar sin limitaciones con las instituciones financieras de cualquiera de los 12 países. Junto a una mejora para los usuarios de los servicios bancarios, la liberalización de los movimientos de capitales obligará a que los países miembros de la CE adopten medidas concretas para conseguir una mayor unificación de sus políticas monetarias y fiscales, lo que deberá traducirse en una inevitable pérdida de parcelas sustanciales de la soberanía nacional.

En lo que se refiere a la, fiscalidad, el diferente trato a que están sometidas las rentas del capital en cada uno de los países de la CE es incompatible con la decisión de liberalizar dichos movimientos. Porque una menor retención fiscal inicial -independientemente de cuál sea la presión fiscal final que soporten los ciudadanos- será uno de los factores que inclinen a una empresa a decidir, por ejemplo, dónde coloca sus excedentes de tesorería. Los responsables de los doce deberán resolver también en los próximos meses los desajustes que puede provocar, para el cumplimiento de esa directiva, el mantenimiento de políticas monetarias divergentes en lo que se refiere a la fijación de los tipos de cambio y del control de la inflación. La experiencia del Sistema Monetario Europeo (SME) ha marcado una tendencia a la unificación de dichas políticas, pero países como el Reino Unido y España siguen fuera de ese sistema. Las normas ahora aprobadas obligarán a la integración de los que ahora están fuera, al tiempo que todo el sistema deberá encaminarse hacia la creación de una auténtica moneda única europea y no meramente una unidad de cuenta.

En los años de crisis, el objetivo de reducir la tasa de inflación a toda costa ha permitido la convergencia de las políticas monetarias, pero en la actualidad una parte importante de los países empieza a plantear la necesidad de modificar esa convergencia y sustituir el objetivo de inflación cero por una inflación algo mayor a cambio de una mayor expansión y menor desempleo, siempre y cuando no se produzcan desequilibrios importantes. Las razones demográficas y los temores a la importación de mano de obra pesan entre quienes optan por mantener tasas moderadas de crecimiento económico que les garantizan la suficiente riqueza, mientras que las naciones con mayor tasa de paro relativo apuestan por lo contrario.

La política monetaria, entendida como la necesaria relación entre tasa de precios y tipo de cambio de una moneda frente al resto, dejará de ser competencia de cada una de las naciones, aún más de lo que, lo es ya ahora, para ser compartida por el órgano superior de la CE. La fijación de impuestos y la emisión de moneda han sido dos de los atributos más característicos del Estado moderno, tal como ha llegado hasta nuestros días. Con la dinámica puesta en marcha por la unificación del mercado de capitales en el ámbito de la Comunidad, los responsables de la CE dan un paso de gigante para avanzar en una auténtica construcción europea, por encima de nacionalismos y definiciones de soberanía que son ya de otro siglo.