El Ministerio de Hacienda citará a 80 propietarios de pagarés depositados en el Banco Central
La detención de un interventor del Banco Central que había abandonado el banco hace un año acusado de una estafa de 100 millones de pesetas ha provocado una gran inquietud en medios financieros de Barcelona por el temor a que se descubran importantes y numerosas irregularidades fiscales. Las sospechas surgieron al encontrar al interventor detenido, José Ramírez García, una maleta con los documentos originales de certificados de pagarés del Tesoro correspondientes a unos 80 clientes del banco, por un valor global próximo a los 700 millones de pesetas. Algunos de los implicados tenían depósitos próximos a los 50 millones de pesetas.
Según fuentes judiciales, Ramírez García puede haberse llevado estos documentos comprometedores para la entidad bancaria y sus clientes con el objeto de disuadir cualquier reclamación posterior sobre la presunta estafa que había realizado.Los documentos descubiertos por el juez fueron entregados posteriormente a la Delegación de Hacienda de Barcelona a instancias del fiscal. En medios próximos a Hacienda se ha destacado la importancia de los documentos intervenidos, por tratarse de certificados originales muy comprometedores ante la eventualidad de cualquier acción judicial posterior.
Los inspectores del Ministerio de Hacienda investigan actualmente si las rentas obtenidas por los citados pagarés del Tesoro fueron puestas de manifiesto por sus propietarios en las correspondientes declaraciones de renta. Aunque las entidades no tienen la obligación de facilitar la lista de los poseedores de pagarés del Tesoro, los contribuyentes, sin embargo, tienen el deber de declarar todas las rentas obtenidas.
'Dinero negro'
Por otra parte, Hacienda investiga también si todos los títulos hallados son pagarés del Tesoro, ya que existe la sospecha de que también pueda tratarse de pagarés bancarios, en cuyo caso sí había obligación de información por parte de la entidad. Fuentes del Banco Central manifestaron ayer que se trataba de depósitos de uno a dos millones de pesetas y que confiaban en que sus titulares los hubieran declarado. Las mismas fuentes han subrayado la importancia de los documentos encontrados al interventor del Banco Central por tratarse de certificados originales.En dos ocasiones anteriores, las actuaciones de Hacienda -originadas por denuncias de empleados que intentaban chantajear a sus entidades- para perseguir a titulares de depósitos de dinero negro han fracasado casi o tropezado con múltiples dificultades, ya que las pruebas se apoyaban en fotocopias de valor probatorio prácticamente nulo.
José Ramírez, interventor de una agencia del Banco Central en Barcelona, se fugó en febrero de 1987 con diversa documentación de esta sucursal, entre la que se encontraban los citados pagarés, y diverso material que en manos de una banda de estafadores profesionales podría suponer un fraude de miles de millones de pesetas a la entidad. El empleado fue detenido recientemente, en mayo de este año, sin haber tenido ocasión de utilizar toda esta documentación.
El Banco Central, en su denuncia ante la policía, no reflejaba qué tipos de documentos habían sido sustraídos por Ramirez. Los agentes del grupo de estafas de la Brigada Regional de Policía Judicial (BRPJ) se enteraron a través del Juzgado de Instrucción número 5, donde un procurador de los tribunales había ampliado los datos denunciados inicialmente.
Al recuperarse la documentación en un piso del empleado, los policías encargados del caso observaron que muchos de estos pagarés podrían corresponder a dinero negro. Aunque hasta el momento el ministerio no ha tenido posibilidad de comprobar si los propietarios de los títulos han efectuado la correspondiente declaración, tal como les obliga la ley.
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