El Central desmiente que haya existido ocultación fiscal

La posible gravedad fiscal de los documentos encontrados por la policía en poder del apoderado del Banco Central fue matizada ayer por responsables de la entidad al señalar que "todos los pagarés incluidos en los listados vencían en 1987 y algunos incluso en el ejercicio actual por lo que no se puede hablar en ningún momento de defraudación fiscal ya que ahora termina el plazo para declarar la posesión de estos activos financieros (en los que vencieron en 1987)".Estas mismas fuentes señalaron que para pasar de "una hipotética defraudación a un hipotético delito fiscal la cantidad que se debería ocultar tiene que superar los cinco millones de pesetas, lo que es materialmente imposible en cualquiera de los casos de los listados intervenidos". Los responsables del Central afirmaron ayer que "la cifra mayor de pagarés propiedad de una sola persona-jurídica- es de unos 40 millones de pesetas, que produjeron unos intereses en el último semestre del año de 1.200.000 pesetas, dada la rentabilidad de los pagarés". "Esta cantidad debería quedar reducida a un 35% de la misma -el tipo del impuesto de sociedades- para calcular la cifra hipoteticamente defraudada a Hacienda y", añadieron, "estaría muy lejos, en cualquier caso, de los cinco millones mínimos para que se considerara delito fiscal, en el supuesto de que los propietarios de dichos pagarés hubieran decidido ocultarlos, lo que nos parece muy aventurado afirmar".