Euskadi, dilema nacional, conflicto de Estado

, El pasado 25 de octubre, las fuerzas políticas vascas celebraron el octavo aniversario de la aprobación del estatuto de autonomía. Los temas más relevantes de los discursos oficiales fueron la reinserción de los etarras con delitos de sangre y el desarrollo del texto de Gernika. Exactamente los mismos asuntos resaltados en 1979 durante la campaña en favor del sí al estatuto. Hoy, el Parlamento vasco estudia el concepto de pleno desarrollo del estatuto, por mandato del Pacto para la Normalización y Pacificación de Euskadi, suscrito por los partidos parlamentarios, excepto HB, en enero de 1988.

El rápido crecimiento de la comunidad, reflejado en sus presupuestos y en el incremento de su personal, ha evolucionado en medio de un cierto desorden producido por la inexistencia de la ley de la Función Pública y por la complejidad de aplicación de la polémica ley de Territorios Históricos (LTH), en la que se regula el reparto competencial entre las administraciones forales y la autonómica.Esta ley produjo la división en dos del Partido Nacionalista Vasco (PNV). En el duro enfrentamiento el partido nacionalista concedió más competencias a las Administraciones provinciales en detrimento del Gobierno regional, tesis contraria a la de los escisionistas que crearon Eusko Alkartasuna. Actualmente, una comisión paritaria interna del Ejecutivo de coalición PNV-PSOE estudia su funcionamiento. De sus conclusiones puede derivarse la reforma de la ley de Territorios Históricos.

El acuerdo sobre el cupo, cantidad que la comunidad autónoma debe pagar cada año a la Hacienda del Estado para financiar los servicios y las cargas no transferidas, culminó en Madrid el 4 de diciembre de 1987, después de siete años de provisionalidad, al no estar aprobadas las leyes quinquenales desde diciembre de 1980, cuando la comisión mixta negociadora firmó en la capital del Estado el texto del concierto económico.

El acuerdo aprobó la metodología de cálculo para el quinquenio 1987 a 1991 y la liquidación definitiva de 1982 a 1986, consolidando un acuerdo de 11 años y con una cuantificación económica superior al billón de pesetas.

En cuanto a la financiación de los presupuestos a través de las haciendas forales, su aportación a los de 1988 es de 184.000 millones (te pesetas. El total de lo recaudado el pasado año por tributos concertados superó los 375 millones, 68.000 más que en 1986.

La policía autónoma fue la única transferencia que no acarreó medios materiales y personal: se transfirió la financiación. Sin embargo, el coste total de la Ertzantza no viene de Madrid, sino que se deduce del cupo. Este año el presupuesto de la policía autónoma es de 16.075 millones de pesetas y el capítulo de personal asciende a 10.034 millones.

La Consejería de Interior, aborda actualmente, en el marco de la Junta de Seguridad, su despliegue final (más de 8.000 ertzainas), que podría ser efectivo en 1992. Sin embargo, existe el problema político de la interpretación del concepto de mandos policiales, que según la cuarta disposición transitoria del estatuto de autonomía "se designarán entre jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El personal total de la comunidad autónoma, sin contar las sociedades públicas ni los organismos autónomos, asciende a 42.350 personas lo que supone el 36,7% de los presupuestos de 1988, un 3,3% más que en 1987.

En cuanto al grado de ejecución de los presupuestos, el año pasado se alcanzó el 96,4%, con un gasto de 184.440,5 millones de pesetas, de los que más de 30.000 millones fueron inversiones reales.

El superávit obtenido en ingresos a lo largo de las legislaturas ha permitido a la comunidad no agotar hasta sus últimas consecuencias el recurso de la deuda pública y presentar en los presupuestos de este año un programa de lucha contra el paro de 11.000 millones con remanentes de ejercicios anteriores.

La deuda viva a 31 de diciembre de 1987 es de 43.576,275 millones de pesetas, mientras que la posibilidad de endeudamiento para 1988 llega hasta los 18.000. De los 59.588,775 millones de deuda suscrita y emitida desde 1981, 16.012,5 ya han sido amortizados.

Desde 1981 los conflictos de competencias planteados ante el Tribunal Constitucional ascienden a 121, de los que 88 fueron promovidos por el Gobierno vasco. El alto Tribunal ha resuelto sólo en 47 ocasiones, de las que cinco sentencias fueron estimatorias y 23 desestimatorias.