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MILLONARIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

El Estado se promueve como 'cliente'

Uno de los factores que han contribuído al incremento del negocio de los registros de la propiedad ha sido el fomento de la inscripción registral como factor positivo para el derecho de propiedad y para la seguridad jurídica en general, por cuanto protege las situaciones de dominio y favorece la publicidad e información de derechos. El Estado ha promovido la inscripción obligatoria incluso de tus propios bienes y los de las corporaciones locales. Uno y otras se han convertido en "clientes fijos" de los registradores, ofreciendo la paradoja de que unas administraciones públicas, para inscribir bienes públicos, paguen a un funcionario público.El fenómeno urbanístico fue la causa próxima más importante del enorme desarrollo de los registros de la propiedad. Tras la ley del suelo de 1956, los ayuntamientos se lanzaron a la elaboración de planes de ordenación, que crearon ingentes masas de suelo urbano para la edificación de viviendas libres o de protección oficial por parte de promotores privados, patronatos, cooperativas y el propio Estado.

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Se inmatriculó [ingreso por primera vez] en el registro todo ese nuevo suelo urbano y los registradores cobraron por el valor de ese suelo, antes rústico y carente de entidad económica. La importancia del acceso inicial de una finca al registro es capital, puesto que la ley hipotecaria obliga a que, una vez inscrita la propiedad, sean también inscritos todos los actos declarativos o traslativos de dominio o derechos reales sobre esa propiedad.

La construcción de edificios de grandes alturas en régimen de propiedad horizontal aboca a los registros de la propiedad una serie de actos inscribibles: compra del solar, declaración de obra nueva, división horizontal, formación de tantos predios independientes como viviendas, hipoteca del edificio y venta de cada vivienda. El total de estas inscripciones significa miles de millones de pesetas para los registradores de la propiedad.

Asimismo, los registros de la propiedad de Andalucía, la costa mediterránea y los dos archipiélagos resultan beneficiarios de los miles de hoteles, apartamentos y urbanizaciones construidos en los últimos veinte años.

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