Suráfrica, "la mayor vergüenza"

La suerte de los seis de Sharpeville, así como la de otros 250 presos surafricanos condenados a muerte, depende de las presiones internacionales. Y de la comunidad internacional también depende el desmantelamiento del apartheid, por medio de las sanciones que algunos países se resisten a aplicar frente a las peticiones que ha hecho en este sentido la propia población negra surafricana.

El pasado día 18 se agotó el primer aplazamiento de la ejecución de cinco hombres y una mujer de raza negra -conocidos internacionalmente por el sobrenombre de los seis de Sarpheville- prevista para el 18 de marzo. El Tribunal Supremo de Suráfrica decidió dos días antes aplazar el cumplimiento de la sentencia en virtud de que uno de los principales testigos de cargo en el juicio, Joseph Monefe, manifestó después que declaró en él lo que le dictó la policía.Millones de hombres y mujeres de todo el mundo, que solicitaron por diversos medios al presidente Pieter Botha que indultara a los seis condenados -solicitud cursada también por los Gobiernos de EE UU, Reino Unido, RFA y otros, incluido el nuestro-, consideraron este aplazamiento, como un éxito de su acción y tienen la esperanza de que la ejecución no se consumará.

El abogado defensor de los seis condenados ahora ha pedido ahora la reapertura del juicio. A los seis de Sarpheville se les condenó a la horca bajo la acusación de "culpa colectiva" por formar parte de un grupo de un centenar de personas que, hace tres años, mataron en un linchamiento colectivo a un consejero municipal. Ninguno de los seis fue acusado directamente de la muerte del consejero.

Ni este antecedente ni el aplazamiento del cumplimiento de la sentencia ni ahora la petición de reapertura del juicio garantizan, sin embargo, que los seis de Sarpheville no serán ahorcados en los próximos días. El Gobierno de Botha, que prometió solemnemente "dulcificar" el horrible régimen del apartheid, mantiene desde 1986 el estado de emergencia y despliega la represión más salvaje contra la población negra, cinco veces más nyunerosa que la blanca, que legítimiunente lucha contra la discriminación racial a que le somete la minoría blanca que monopoliza el poder y la riqueza del país.

El 25 de marzo, siete surafricanos de color fueron ahorcados en la cárceI de Pretoria y, cuatro días después, otros siete sufrían la misma suerte en una cárcel de otro lugar que no precisan las informaciones publicadas en España. Pretoria ha difundido que todos ellos eran delincuentes comunes; pero es de conocimiento público que cuatro de las vítimas eran miembros del Consejo de la Juventud, una organización antiapardwd de Addo, localidad cercana a Port Elisabeth.

La Prensa internacional destaca estos días que son a 36 los ahorcados en el curso de este año y que hay todavía 250 condenados a la última pena, entre éstos, 45 por motivos políticos, que serán ejecutados si las presiones internacionales no lo remedian.

Pretoria lleva la represión incluso fuera de las fronteras de su país. El 28 de marzo, soldados surafricanos entraron en Botsuana y acribillaron a tiros a tres hombres y una mujer, conocidos activistas de la lucha contra el apartheid. Al día siguiente, especialistas del crimen, a sueldo de Pretoria asesinaban en París a Dulcie September, representante en Francia del Congreso Nacional Africano (ANC), principal grupo antiaparheid de Suráfrica, cuyo líder, Nelson Mandela, lleva más de 25 años en una cárcel.

Unas semanas antes, Godfrey Motsepe, portavoz del ANC en Bruselas, escapó milagrosamente a un atentado perpetrado por pistoleros pagados por Botha. El Ejército surafricano ocupa Namibia e impide que se cumplan los acuerdos de la ONU que ordenan el acceso a la independencia de este país, realiza operaciones de castigo en el sur de Angola y sostiene las guerrillas que operan en Angola y Mozambique.

El ministro español de Relaciones Exteriores, en un artículo aparecido el 20 de marzo pasado, calificó el apartheid y la conducta del Gobierno de Botha como "la mayor vergüenza de este fin de siglo". Este juicio contradice, sin embargo, fiagrantemente la política surafricana de nuestro Gobierno, antiapartheid en las palabras, pero no en los hechos.

La actitud española

Un diario de Barcelona afirmó el 7 de abril que "el volumen del comercio exterior entre España y Suráfrica no ha sido afectado por el bloqueo económico decretado por España contra el régimen de Botha, de acuerdo con la CEE en junio de 1987.

Las últimas cifras de la Secretaría de Estado de Comercio indican que Espafía (en 1987) casi ha duplicado en toneladas las exportaciones a Suráfrica y ha incrementado el volumen de los productos importados". España exportó -dice la información- 151.519 toneladas de productos incluidas armas cortas y municiones, por un valor total de 12.094 millones de pesetas.

El valor de las importaciones ascendió a 38.850 millones de pesetas. Mantenemos, por tanto, un intercambio comercial con Suráfrica desfavorable para España, lo que explica y justifica que se acuse a nuestro Gobierno de hacer una política de doble cara y de colaborar económicamente al mantenimiento del Gobierno de Botha, que no cambiará de actitud mientras la comunidad internacional no aplique contra él enérgicas sanciones.

El señor Fernández Ordóñez proclama en el artículo citado anteriormente que España cumple con su deber alineándose con las posturas de la CEE y afirma que .no apoya la posición de quienes propugnan sanciones globales indiscriminadas, por los riesgos de desestabilización que ello reportaría a la propia sociedad surafricana". Pero este es un argumento hipócrita, como bien sabemos los que durante años reclamamos que los Gobiernos democráticos aislaran internacionalmente al régimen dictatorial del general Franco.

Sobre esta cue stión debería tenerse en cuenta, en primer término, el criterio de los propios surafricanos, que reclaman con insistencia a los Gobiernos democráticos que rompan sus relaciones con Pretoria.

En cualquier caso, es evidente que para impedir que la horca siga funcionando, y para desmontar el apartheid, es necesario que la comunidad internacional aplique sanciones enérgicas contra Pretoria, sanciones que el Gobierno español deberá ser el primero en propugnar y cumplir.