González impulsó personalmente la reforma autonómica

El Gobierno se opone rotundamente a la reforma de los estatutos de las comunidades autónomas, que tienen derecho a pedir todas las que accedieron a la autonomía por el artículo 143 de la Constitución -la llamada vía lenta-, puesto que han transcurrido cinco años desde su promulgación. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Felipe González, ha autorizado la reapertura del proceso para transferir o delegar, mediante leyes orgánicas, nuevas competencias a las comunidades siempre y cuando se lleve de manera coordinada entre el Ejecutivo y lías autonomías afectadas y, si es posible, con el consenso de los principales partidos de ámbito nacional.

Dicha posición supone un ajuste fino de la postura anterior, que consistía en mantener congelado el desarrollo de las autonomías hasta 1991. González tiene previsto recibir a los presidentes de varias comunidades en fechas próximas, después de haber aplazado durante meses las peticiones que le han dirigido en ese sentido numerosos responsables autonómicos.La reforma de estatutos, si fuese admitida, podría afectar no sólo a cuestiones estrictas de competencias, sino al propio marco político e institucional de cada comunidad. Esa reforma exige mayorías cualificadas muy amplias, para poner en marcha el proceso, en cada Parlamento regional.

En lugar de este cambio en profundidad, el Gobierno ha optado por discutir la posibilidad de ampliar las competencias actuales de las autonomías mediante el sistema de delegación o transferencia del Estado, previsto en el artículo 150.2 de la Constitución. Esta posición supone en sí misma un cambio de política autonómica, puesto que tanto el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, como el ministro para las Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, se habían pronunciado anteriormente en contra de la revisión de competencias durante esta legislatura.

El cambio de política se decidió entre González y Almunia, en diciembre pasado, mientras que el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se encontraba de viaje en Centroa:mérica.

La causa principal del giro guberna.mental son los cambios políticos registrados en numerosas comunidades, donde el PSOE ha perdido la mayoría absoluta y otros partidos -AP, CDS, regionalistas y en algún caso IU- presionan para increinentar los techos autonómicos o reformar los estatutos en vigor, según los casos. Líderes aliancisitas, como José María Aznar, presidente de Castilla y León, o regionalistas, como el aragonés Hipólito Gómez de las Roces, se muestran particularmente actívos en esa causa, lo cual sitúa al PSOE en la incómoda posición de resistir o ceder.

La polémica se había instalado en el seno del propio partido socialista, donde personas como Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, o Pedro de Silva, jefe del Gobierno asturiano, se oponían a la congelación del desarrollo autonómico.

Alianza Popular y, el CDS no han fijado aún su postura sobre uno u otro sistemas. Ambos partidos tienen pendientes sendas decisiones, que se fijarán en reuniones de responsables autonómicos de ambos partidos. Actualmente, algunos sectores de AP se inclinan por aceptar la vía de la delegación o transferencia de conripetencias, mientras que el Grupo Popular de Madríd por ejemplo- mantiene la necesidad de reformar el estatuto. El CDS considera inaceptable la vía del artículo 150.2 de la Constitucion porque este mecanismo "tiene carácter estrictamente excepcional y utilizarlo de manera general encubre un claro fraude a la Constitución", según José Luis Calcerrada, responsable de política territorial del CDS.

La postura actual del Gobierno es de carácter intermedio. Según medios próximos al Ejecutivo, "resulta imposible mantener la posición numantina", como sería negarse a cualquier ampliación de competencias, que es un derecho adquirido por las comunidades una vez cumplidos cinco años de los estatutos. Ese derecho es aplicable ahora a 10 de las constituidas por la vía del artículo 143 de la Constitución.

Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo no renuncia a controlar la revisión autonómica, con el argumento de que "si comienza a llegar a las Cortes una multiplicidad de peticiones con materias distintas, esto va a convertirse en un guirigay", según las mismas fuentes. De ahí que el Gobierno haya hecho una oferta pública en favor del artículo 150.2 de la Constitución.

Mucho dinero en juego

Antes de que se ponga en marcha el proceso de ampliación de competencias, las comunidades autónomas controlan ya el 22% del gasto público en España. Se ha producido un avance espectacular en la consolidación de los nuevos poderes y una profunda reorganización del Estado, que va a continuar si finalmente se realiza la revisión del proceso.

Fuentes gubernamentales consideran probable que ese porcentaje de participación de las autonomías en el gasto nacional sobrepase el 25% si las comunidades afectadas optan por asumir las competencias de Educación y -más difícil- de Sanidad, ambas millonarias en presupuesto y en problemas.

Las comunidades tenían un presupuesto global de 170.000 millones de pesetas en el año 1981, cuando muchas se encontraban en fase preautonómica; esa cifra se ha transformado en un presupuesto consolidado de 2,46 billones en 1987, y las previsiones para este año alcanzan la suma de 3,22 billones.

Andalucía y Cataluña tienen un peso enorme porque entre las dos suponen casi el 50% de ese dinero. Pero las decisiones de los Gobiernos de Mérida (Extremadura), Valladolid (Castilla y León) o Toledo (Castilla-La Mancha) empiezan a tomar cuerpo en la administración de una parte del dinero público y, por tanto, de una parte del poder.