Una quiebra abrumadora

LA QUIEBRA de Spantax, inevitable a la vista del balance e instada simultáneamente por la dirección y la representación de los trabajadores, ha sido precedida por algunas peripecias en las que la Administración se ha visto involucrada sin representar un papel especialmente lucido. La Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, tomó para sí en su momento -era el verano de 1986- la responsabilidad de buscar fórmulas para salvar la compañía aérea. Spantax se encontraba ya en situación crítica, pero seguía ostentando la condición de primera empresa española de vuelos charter, mantenía una interesante cuota en el mercado europeo del charter (que transportó a 34 millones de pasajeros en 1987), daba trabajo a más de 900 personas y, no hay que olvidarlo, era una de las imágenes exteriores del sector turístico español.El Patrimonio del Estado adquirió, pues, el compromiso de buscar una solución para Spantax. La solución, dada la situación patrimonial de la empresa (la deuda con el Estado e instituciones públicas ascendía a 9.000 millones de pesetas), sólo podía proceder de un comprador de extremada solvencia y profesionafidad. Improasa, sociedad intermediaria dependiente del Patrimonio, eligió en su momento la oferta procedente de una sociedad luxemburguesa, creada para la ocasión, que, bajo el nombre de Aviation Finances, no tenía más estructura que dos personas: Wolfgang Krauss, un hombre de quien, por sus antecedentes profesionales, se podía suponer un buen conocimiento del sector, y León Pérez de Jerez, un británico de origen sefardí que, en ese momento, parecía contar con la liquidez suficiente para afrontar el reto de reflotar Spantax.

La operación ha concluido en quiebra abrumadora. Pérez de Jerez resultó menos solvente de lo que aparentaba y Krauss no trajo consigo la fórmula magistral que había de enderezar la gestión empresarial de Spantax. Aviation Finances, que en principio debía comprar Spantax -o al menos eso dijeron los dirigentes del Patrimonio del Estado-, no sólo no compró nada, sino que, tras la quiebra, se ha desvanecido en el aire y ha vuelto a su origen: la nada.

Cierto que a una empresa tan endeudada y maltratada como Spantax no se le podían buscar novios de lujo, pero tal vez podría haberse encontrado un galán con menos taras que el germano-británico. Los 946 empleados de Spantax, los miles de pasajeros que vieron arruinadas sus vacaciones por la paralización de actividades, la propia imagen turística de España, merecían algo mejor.

Cabe esperar, al menos, que tras esta operación desafortunada de la Administración no se oculten intereses particulares parapetados tras los poderes públicos. En una sociedad civilizada no puede darse crédito a rumores según los cuales destacadísimas autoridades del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones se integrarían próximamente en la dirección de las compañías aéreas, recientemente creadas, que absorberán parte del negocio de Spantax. Si algo tan impensable llegara a ocurrir, podría darse por legitimada toda sospecha de que Aviación Civil, y el ministerio en su conjunto, no han mostrado el más mínimo interés por ayudar a la empresa ahora quebrada porque a algunas personas les convenía mucho esa quiebra.

En cualquier caso, no es de recibo el desparpajo con el que el ministro de Transportes, Abel Caballero, ha dado carpetazo al asunto Spantax: achacar absolutamente toda la culpa de la quiebra a la mala gestión -que en su último tramo ha sido tutelada por el Patrimonio del Estado, un organismo del mismo Gobierno que paga mensualmente a Caballero- es afirmar, por pasiva, que la política sectorial del ministerio ha sido eficaz y completamente neutral en lo referente a transporte aéreo. Y eso es muy discutible.