La Asociación Pro Derechos Humanos pide al Gobierno que eleve a seis años de cárcel la pena para la tortura

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) plantea al Gobierno, como "una exigencia de carácter jurídico", la elevación de la vigente pena de uno a seis meses de cárcel para el delito de tortura hasta seis años de privación de libertad. En el informe anual de la APDH correspondiente a 1987, que se hará público en los próximos días, se considera que la entrada en vigor para España del Convenio Internacional contra la Tortura "obliga a esa modificación legislativa". El informe contiene críticas al Ejecutivo, entre otras cuestiones, por la situación de las prisiones y las prácticas policiales irregulares.

La APDH, de la que es presidente el fiscal José Antonio Martín Pallín, reprocha al Gobierno que, a pesar de haber entrado en vigor en 1987 el Convenio Internacional contra la Tortura, adoptado por la ONU, los poderes públicos españoles no han promovido el agravamiento de las penas exigido por el mismo. El informe resalta que el terrorismo continua contribuyendo "con sus crímenes a crear un clima de tensión y crispación ciudadana", pero añade que los cuerpos policiales no pueden ofrecer respuestas desproporcionadas. En este contexto manifiesta que el delito de tortura, que cometen los funcionarios públicos, está castigado penalmente con una "extraordinaria benignidad", que "choca abiertamente" con el convenio.La abogada y vocal de la APDH, Francisca Cobos, señala que el convenio, incorporado ya a nuestro derecho interno, amplía la configuración del delito de tortura y exige a los Estados firmantes tipificarlo "con penas adecuadas, en las que se tenga en cuenta su gravedad", así como aplicarlo "a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura". Cobos estima que el Código Penal deberá ser reformado para elevar la pena, incluir "una referencia específica, hoy ausente", dice, "a la tentativa de torturas y malos tratos", así como "para que afecte de Reno a los médicos que conocen la existencia de este delito".

El informe recoge diversas resoluciones judiciales relativas a torturas o malos tratos cometidos en años anteriores. Por lo que se refiere a 1987, destaca que disminuyeron las denuncias por torturas en el marco de la aplicación de la ley Antiterrorista, mientras que la mayoría fueron presentadas por acusados de delitos comunes. Entre los hechos investigados por la APDH figuran los denunciados por José Caserras, que ingresé en febrero de 1987 en la Ciudad Sanitaria Valle del Hebrón, de Barcelona, con fractura de cráneo, producida, según la denuncia, al ser trasladado por dos guardias c¡viles en Solsona (Lérida). Los dos guardias civiles permanecieron arrestado "durante breves días".

"Una gran paliza"

Otros dos guardias civiles destinados en Chirivel (Almería) fueron apartados cautelarmente del servicio en marzo de 1987, tras la denuncia del alcalde de la localidad, Andrés Vilches, de haber sido objeto de "una gran paliza". El mismo mes Salvadora Martín denunció que dos guardias civiles y dos policías municipales detuvieron en su domicilio de San Martín de la Vega, durante la madrugada, a su esposo, José Nistal, a quien acusaron de ser cómplice de un robo. Según su esposa, Nistal, que es minusválido psíquico, regresó horas después "con moratones en el cuerpo y lleno de cieno".

El informe recoge también la denuncia de la abogada Alicia Gómez Benítez y su hermana contra policías de la comisaría de Ventas, en Madrid, "por los presuntos delitos de insultos, detención ¡legal, agresión y lesiones". Un capítulo del informe de la APDH está dedicado precisamente a las Prácticas policiales irregulares, entre las que se incluyen la privación policial de libertad a meros sospechosos y la utilización propagandística de las operaciones otoño o primavera, así como la intervención telefónica como "procedimiento habitual de investigación", solicitado frecuentemente "con muy escasa fundamentación y, por lo general, invocando la existencia de datos confidenciales, cuya valoración se sustrae al juez".

Entre los hechos constatados por la APDH, el informe recoge la detención de un fotógrafo de la revista de la asociación, que cuando cubría en la madrileña Puerta del Sol la información de una manifestación de Madres Unidas contra la Droga, fue detenido y maltratado y se le arrebató y veló el carrete que estaba impresionando. El texto señala que cuando los policías "perciben todavía la información como agresión hay algo que falla clara y escandalosamente en la formación de los mismos". La APDH apela "a la sensibilidad democrática de los miembros del Gobierno" y al Parlamento para que pongan fin al abuso policial.

Deficiencias en las cárceles

Otro capítulo del informe se dedica al Estado de las prisiones, tras la visita de delegaciones de la APDH a 35 cárceles españolas, cuyos edificios, incluso los de reciente construcción, presentan, dice, "graves deficiencias". El informe detalla la excesiva masificación, los problemas de sanidad, higiene, alimentación y equipamiento, así como las especiales carencias de los centros penitenciarios dedicados a jóvenes y mujeres. En cuanto al régimen penitenciario, la APDH constata la prioridad concedida al orden en el interior de la prisión sobre la necesaria creación de un ambiente de convivencia. El informe denuncia el incumplimiento por la Administración del derecho fundamental a un trabajo remunerado por parte de los reclusos y considera insafisfactoria la actuación de los jueces de vigilancia penitenciaria, que aparecen poco por las cárceles.