Más de 1.000 obreros murieron el año pasado en accidentes laborales

Más de 1.000 trabajadores murieron en España en 1987 como consecuencia de accidentes laborales, según el informe de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), que refleja los datos exactos referidos a los seis primeros meses del año, durante los cuales se pasó de 535 accidentes mortales en 1986, a 545 en 1987, sin contar los producidos durante el traslado al trabajo. En todo caso, en siniestralidad laboral en España seguimos estando comparativamente a la cabeza de Europa", señala la APDH.Los accidentes producidos anualmente en las grandes empresas son 90 por cada 1.000 trabajadores, cifra que aumenta en las pequeñas empresas -con menos de 200 operarios-, en las que el promedio es de 130 accidentes por cada 1.000 trabajadores. El informe atribuye la mayor siniestralidad constatada en las empresas pequeñas y medianas a la escasa implantación sindical, la utilización de tecnologías obsoletas y la generalización de la contratación temporal.

La APDH destaca el aumento del paro como violación del derecho al trabajo y a la subsistencia y denuncia a la Administración por la difícil ejecución de las sentencias que la condenan. Como novedad, el informe de 1987 analiza, dentro del capítulo dedicado a los derechos socioeconómicos, las elevadas cifras de los juegos de azar en España y acusa al Estado de propiciar la frustración y la pérdida de tiempo y energías del 95% de perdedores.

"Tendencia militarista"

En el capítulo sobre Paz y desarme, el informe recoge que durante 1987 se ha intensificado "la tendencia militarista" del actual Gobierno. Recoge las trabas a los objetores de conciencia, la cifra de 80 accidentes con resultado de muerte en el servicio militar y el incremento de la venta de armas a los países del Tercer Mundo, que ha hecho que España pase del lugar 18 al puesto octavo en la lista de países exportadores. La APDH pone en contraste esa circunstancia con la dedicación de sólo el 0,1% del Producto Nacional Bruto a la ayuda para el desarrollo de los países pobres a pesar de que la ONU pide como mínimo el 0,7%.