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Deuda externa y soberanía nacional en América Latina

El enfoque de la Administración norteamericana y de distintos organismos internacionales sobre el problema de la deuda externa latinoamericana ha evolucionado hacia una política que, es cada vez más el subproducto de complejos intereses domésticos y que termina por condicionar el margen de actuación de estos países, según la tesis desarrollada por el autor de este artículo.

Habría que preguntarse, antes de abordar el tema de fondo -la deuda externa de América Latina-, hasta qué punto se ha producido la ruptura de la soberanía de los países latinoamericanos en términos absolutos, pues esta última parece absorbida por los efectos económicos de una política global llevada a cabo en los últimos tiempos por la Administración norteamericana.La mayor parte de los países latinoamericanos se han distinguido en su trayectoria política por la búsqueda de alternativas a la dependencia político-económica. Estas alternativas siempre han fracasado por falta de firmeza a largo plazo, y sobre todo por el descrédito de las propias clases dirigentes, civiles y militares -antes y ahora-, rendidas a intereses exógenos que nada tehían que ver con los intereses nacionales de sus pueblos. Viene a mi memoria el caso de Chile y Colombia en estos momentos.

El más importante precedente que denota el intento de preservar el poder de decisión de los países emergentes de América Latina ha sido desarrollado en infinidad de situaciones por la acción política nacionalista, entendida esta última como modalidades expresadas en la protección de la industria interna, como también en el desarrollo de industrias básicas de materias primas. Pero ante la ausencia de políticas concertadas y la falta de integración regional se produce el debilitamiento de los proyectos económicos nacionales.

En el transcurso de la II Guerra Mundial se inició la industrialización sustitutiva de los países emergentes de América Latina. El estructuralismo cepalino (de la Conferencia Económica para los Países de América Latina, CEPAL) promovió aquella industrialización y la encauzó, rompiendo con el esquema neoclásico de la especialización internacional,basada en el criterio de la ventaja comparativa estática y en la política de libre comercio.

Se abrió la vía al Estado como "planificador y promotor del desarrollo", como único camino para alcanzar la industrialización de los países de América Latina y romper con los esquemas de economías dependientes primario-exportadoras.

La crisis de los años setenta y su prolongación hasta los ochenta ha puesto a prueba el neokeynesianismo, en cuanto paradigma dominante en el capitalismo industrial, y al propio estructuralismo cepalino, en cuanto a su inclusión en el capitalismo latinoamericano. Pero ninguna de las dos corrientes ha dado cabal respuesta a los problemas que siguen latentes en América Latina y en todo el mundo, como son la inflación, el desequilibrio externo y el descenso -en muchos casos- del ritmo de productividad.

La síntesis clásica neokeynesiana supone economías de libre mercado relativamente estables, independientes y de comportamiento incierto, pero predecible, en las que el Estado es un simple agente exágeno del sistema. En la realidad, las economías capitalistas contemporáneas corresponden más al concepto de economía mixta, son interdependientes y su comportamiento es impredecible, pues en el mundo de hoy más que incertidumbre existe ignorancia de futuro.

El estructuralismo cepalino se quedó, al fin, en una rebelión científica interrumpida, porque, al haber subestimado la importancia de los aspectos monetarios y financieros del desarrollo, no logró integrar una teoría macroeconómica a la teoría del desarrollo y la dependencia en América Latina.

Ante esta crisis de la teoría económica no ha tenido lugar, como en los años treinta, una revolución científica, sino una contrarrevolución por la vía del retorno a la ortodoxia bajo el ropaje del monetarismo reaganiano.

La contrarrevolución monetarista, que se presenta como un sencillo y riguroso modelo científico de teoría económica, producto del análisis más puro de economía positiva, encubre en realidad todo un programa ideológico-político, basado en el liberalismo político de las teorías de opción pública (citadas en este diario por Antonio Papell).

Estas teorías de opción pública constituyen el ataque más abierto y frontal al intervencionismo del Estado y a todas las conquistas sociales. La contrarrevolución monetarista es una sublevación neoliberal, que, desafiando al mundo con la audacia de su'revolución de regreso, intenta hacer reversible lo que parecía irreversible en el sistema capitalista contemporáneo: la participación del Estado keynesiano en el desarrollo de la economía y de la democracia.

Esto se comprueba en los países del Cono Sur americano, que ha ido más lejos al configurar un manifiesto monetarista como fundamento ideológico de sus constituciones políticas -el caso de Argentina durante la dictadura militar y el caso de Chile en la actualidad- para justificar, legitimar y perpetuar el neoliberalismo autoritario de los regímenes militares; esto es, estrechar la manu militari del autoritarismo y la represión con la mano invisible del libre mercado.

Ortodoxia monetarista

No hay que confiar, por tanto, en que las teorías de opción pública, flevadas a cabo en un país superindustrializado y superdesarrollado como Estados Unidos, puedan ser trasplantables a través del monetarismo de la Administración actual norteamericana para solucionar los problemas del endeudamiento externo de los países emergentes de América Latina.

Yo diría como primera conclusión que hay una ortodoxia monetarista irresponsable que ha sido impuesta por organismos internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, hoy por hoy dominados por la política monetarista imperante en Estados Unidos, y que lleva a generar tensiones tales como las que en estos momentos tienen lugar en Chile o en los países centroamericanos. Respecto a Chile, he leído recientemente en un periódico las declaraciones de un político chileno en el exilio, que decía lo siguiente: "La población de este país hermano tiene la alternativa de salir a la calle a robar y que le maten de un tiro o morirse de hambre, y puestos en ese límite, no tenían muchas dudas acerca de lo que iba a hacer la gente".

Los orígenes de la deuda extema de América Latina hay que buscarlos, por tanto, en la crisis económica de la década de los ochenta, unido esto a otras causas políticas y económicas de los países latinoamericanos, así como al alto nivel de las tasas de interés de los bancos norteamericanos, que constituyeron una manifestación muy específica de la política económica estadounidense de sufragar su propio déficit mediante la entrada de capitales europeos (a través de los eurodólares), y por otra parte, el producirse la caída en picado del ingreso neto de capitales en los propios países latinoamericanos, pues la mayor parte de aquéllos buscaron el refugio norteamericano de los altos tipos de interés.

Ante la falta de liquidez, los bancos acreedores norteamericanos, el propio Gobierno estadounidense y el Fondo Monetario Internacional deciden hacer frente a la situación a través de acciones políticas de corte monetarista, agravándose aún más el problema de la deuda externa.

Como consecuencia de todo ello surge el Plan Baker, no gustando a los países beneficiarios de los nuevos créditos que dicho plan concede, a aplicar reformas estructurales dirigidas, sobre todo, a reducir el sector público en beneficio del sector privado, significando, por tanto, para los países endeudados el tener que renunciar a definir su política industrial y su propia soberanía en los proyectos nacionales traducidos al bienestar de sus depauperados pueblos.

Recientemente, en la visita girada a la nación peruana por el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, en relación con el problema de la crisis económica de los pueblos latinoamericanos, declaraba lo siguiente: "No es normal que el juego de intereses de algunos países aniquilen planes de desarrollo que elaboraron con dificultades los países que desean su propio desarrollo", abogando el presidente francés por un nuevo orden económico internacional. Asimismo, recientemente el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, declaraba en Sevilla: "Se debería de condonar la deuda a los países más pobres de Latinoamérica".

Intereses domésticos

Como conclusión final, se puede decir que América Latina, con 350 millones de habitantes, es vista por Estados Unidos como una zona más del Tercer Mundo, sujeta a las normas de aplicación de una política exterior que es cada vez más el subproducto de intereses globales domésticos más complejos. Por otra parte, estoy convencido de que ha persistido en América Latina hasta hoy una relación de dependencia mental hacia las franquicias económicas que pueda otorgar Estados Unidos, y que debe de haber en el futuro una clara percepción de enfrentar una relación nueva de carácter supranacional, donde el acuerdo, la coordinación y la integración regional sean aún más importantes que en el pasado.

Son, por tanto, el Grupo de Cartagena, por un lado; la iniciativa de naciones como Argentina, Brasil y Uruguay de constituir un mercado común latinoamericano en el Cono Sur, así como los acuerdos de Esquipulas 2, una esperanza para el futuro.

No quiero dejar pasar por alto la importancia que tiene para España y su Gobierno en estos momentos, con vistas al 500º aniversario, el de no defraudar las esperanzas de los países del área que, como Perú -por ponerlo de ejemplo-, y a través de personalidades como Haya de la Torre, lograron introducir un artículo en una de las constituciones de ese país, que establecía como deber fundamental de la nación: "Realizar su integración con los demás países de América Latina, España y Portugal". La Administración española tiene en este sentido una responsabilidad como valedora de los intereses de América Latina ante la CE.

es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.

* Este artículo apareció en la edición impresa del domingo, 21 de febrero de 1988.

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