Un alcalde, ante el juez

El alcalde de Burgos, el conservador José María Peña Sanmartín, tiene enfrentadas L él dos fuertes instituciones de la ciudad: a Federación de Empresarios de la Construcción y el Colegio de Arquitectos. Ambas le acusan de irregularidades urbanísticas y de favorecer a un promotor al que están vinculados empresarialmente varios concejales del grupo mayoritario. Y en el caso de los arquitectos el enfrentamiento tiene además otro punto de referencia: el alcalde pretende convertir en oficinas el edificio isabelino que albergaba el teatro Principal, inmueble que los grupos culturales desean sea destinado a las actividades para las que fue concebido. Peña declara hoy ante el juez.

Miembros de la junta directiva del Colegio de Arquitectos de Burgos declararon que ya en 1987 observaron un profundo malestar entre arquitectos, constructores y promotores de la ciudad por lo que consideraban evidente trato de favor que el Ayuntamiento otorgaba a de terminadas empresas y en particular a las tres inmobiliarias -Río Vena, Espolón y Clunia- propiedad de Antonio Méndez Pozo. Las denuncias del Colegio de Arquitectos se han visto reforzadas por dos sentencias, una de ellas del Tribunal Supremo, de fecha 2 de diciembre de 1987, según la cual las plantas número 11 de los edificios 3 y 7 de la avenida del General Yagüe sólo pueden dedicarse a trasteros o a vivienda del portero, e instan al ayuntamiento a a que haga respetar las especificaciones de uso. Se da la circunstancia que en la planta 11 del número 3 de la citada calle tiene su despacho el promotor Antonio Méndez Pozo.

La segunda sentencia, de 8 de octubre de 1987, de la Audiencia de Burgos, declara nula de pleno derecho la licencia para construir 116 viviendas en las calles de Barrio Gimeno, San Cosme y Concepción. Tal licencia estaba concedida a favor de Río Vena.

El Colegio de Arquitectos prepara un amplio informe, que se publicará como libro, en el que relata las múltiples presuntas irregularidades observadas durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, que favorecieron a determinados solares, varios de los cuales eran propiedad de Méndez Pozo. Estas presuntas irregularidades han supuesto unos beneficios de 2.000 millones para las citadas empresas, según los denunciantes.

Uno de ellos, por citar un ejemplo, era el solar situado en la Unidad G-2, en la calle de Vitoria. Parte de los terrenos de la unidad urbanística estaban destinados a parque y guardería infantil en el momento de la aprobación inicial del plan. En el momento de la aprobación provisional se había restringido el terreno destinado a parque y guardería, y en su lugar se permitía la construcción de un gran edificio de nueve plantas y 16 metros de fondo. La parcela de dicho edificio se segregó del resto de la unidad, de forma que las licencias pudieran concederse directamente. Los edificios contiguos tenían autorización sólo para construir siete plantas. El propietario de dicho solar es también Méndez Pozo.

Una de las principales argumentaciones del Colegio para impugnar el Plan General es que a partir de la aprobación inicial no se abren nuevos períodos de información pública, a pesar de que entre la aprobación inicial y la provisional, y más tarde la definitiva, se llevan a cabo importantes modificaciones que van siempre a favor de determinados propietarios del suelo. En varios casos, el dueño del suelo se ve favorecido con un volumen de edificación muy superior al del resto de los propietarios contiguos. En ocasiones la concesión de licencias, entre ellas varias a Méndez Pozo, se hizo en contra del informe de los propios arquitectos municipales.

Las consideraciones del Colegio coinciden en gran parte con la denuncia presentada por la Federación de Empresarios de la Construcción de Burgos, que tramita actualmente el juzgado número 2 de la Audiencia Provincial. En la citada denuncia se acusa al alcalde, José María Peña, a los tenientes de alcalde primero y segundo -José María Codón y Manuel Muñoz Guillén-, miembros de la comisión de gobierno, de favorecer descaradamente los intereses de Méndez Pozo. Asimismo se acusa al secretario municipal, Esteban Corral García, de presunta falsificación de documento público en una segregación de terrenos favorable al citado constructor. Por último, la denuncia sostiene que Codón, Muñoz Guillén y el antiguo delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, José Carracedo, son accionistas de una empresa de Méndez Pozo -Villagonzalo, SA-, dedicada a la fabricación de electrodomésticos que luego se compran e instalan en los pisos construidos por éste último.

José María Peña se negó ayer a hacer declaraciones de ningún tipo, y sólo anunció, a través del gabinete de prensa municipal, el ejercicio de acciones jurídicas contra los denunciantes. José María Codón y el promotor Méndez Pozo achacan la denuncia a la animadversión personal de los dirigentes empresariales Jesús de las Heras y Juan Renedo hacia el ayuntamiento, a raíz de que se despojara a De las Heras de su papel de contratista de obras municipales, y a Renedo, se le negara una modificación del Plan General que le impedía construir en unos solares.