Un auto que se repite

EL MAGISTRADO Gómez Vizcarra, en su calidad de instructor del caso, ha dictado auto por el que deniega el procesamiento solicitado por el ministerio fiscal contra 16 ex directivos de Banca Catalana. Un primer examen del texto revela que todas las peculiaridades del auto por el que el pleno de la Audiencia de Barcelona exculpó al principal impulsor y directivo del Banco, Jordi Pujol -actualmente presidente de la Generalitat de Cataluña-, han sido corregidas y aumentadas.El texto reconoce que los acusados practicaron bastantes infracciones, notoriamente en la caja B, pero se aplica con exhaustividad a recoger los argumentos de la defensa para demostrar que en todos y cada uno de esos casos, absolutamente en todos, están despejados los posibles indicios de criminalidad. La clave de bóveda de dicha detallada exculpación radica en la falta de intencionalidad de los directivos en el momento de cometer las infracciones.

El auto de Gómez Vizcarra redunda en los argumentos de que no hay delito de apropiación -ni, por tanto, autores del mismo- porque la caja B era una mera "desagregación contable", cuyas grandes cifras totales sí estaban en la contabilidad oficial, y que los dividendos cobrados por los querellados en una situación que se acercaba a la quiebra técnica nunca pueden dar lugar a responsabilidades penales, aunque quizá sí mercantiles, y que para que exista apropiación debe haber intención explícita de incorporar los bienes ajenos al patrimonio propio. En cuanto a la maquinación para alterar el precio de las cosas -provocada, según los fiscales, por la cesión o venta de paquetes accionariales poseidos por el grupo dirigente muy poco antes de la crisis, en detrimento de los derechos de suscripción preferente de otros accionistas- la exculpación se asienta en argumento idéntico: hubo omisiones, pero nunca susceptibles de sanción penal.

Así, en cuanto a las dos principales inculpaciones, el auto ahora dictado constituye en dicha parte un subproducto del anterior, lo que, sin duda, habrá ahorrado trabajo a su redactor y llenado de contento a los protagonistas del caso -para quienes la estrategia de sus abogados, consistente en centrarse en la defensa de Pujol y luego derivar de ella, ha resultado un éxito-, pero quizá no a los futuros historiadores del derecho, en quienes persistirán las incógnitas sobre cuál de las dos interpretaciones -la mayoritaria de la Audiencia o la de voto discrepante- contenía mayor solidez jurídica.

Pero hay más. El auto del instructor recoge en buena parte el del pleno, pero en este caso, otra vez, puede cumplirse el famoso dicho de que la historia, cuando se repite, se troca en caricatura. Es lo que aparentemente sucede con las argumentaciones relativas a las falsedades en documentos mercantiles. El pleno de la Audiencia exculpó de ella a Jordi Pujol basándose en que, si las había cometido, el delito había prescrito. Como para los colegas banqueros del hoy político no había prescripción, el asunto ofrecía un flanco más débil. Este flanco ha sido ahora cubierto por el auto del instructor. Los argumentos son de analizar, particularmente aquellos dos en que señala que no hubo falsedad en los boletos contables o los recibos de letras sin soporte material, que, según el juez, podrían dar lugar al delito de estafa (del que no se acusaba a los implicados), pero no al de falsedad, y el que justifica una justificación no correcta a la Inspección de Hacienda, defendiendo que, como "no fue librada espontáneamente" por sus autores, sino a requerimiento de la inspección, no conllevaba intencionalidad. Todo un camino ejemplar para los amantes del rigor fiscal y para el contribuyente en general.

Causa sorpresa que el togado, puesto en profesor de la crisis bancaria, dedique varias páginas a indagar sobre las causas últimas de la crisis financiera, y que concluya, finalmente, que sus principales causantes fueron la crisis internacional y los medios de comunicación. Con razón la primera reacción del partido nacionalista que lidera Jordi Pujol ha sido proclamar que se le brindaba un "magnífico argumento electoral". Habrá que volver a ver ahora si quienes protestaban por la politización del caso, con su guadiánica aparición antes de cualquier proceso de elecciones -hay uno cada año-, no son precisamente los que lo politizan.