La guerra cotidiana

La violencia y la impunidad han sido en Colombia los protagonistas del año. Mil doscientas personas cayeron asesinadas por motivos políticos. La violencia en este país de 27 millones de habitantes llegó a límites inimaginables en 1987. Cuesta trabajo creer que un grupo de hombres fuertemente armados acribillara a sangre fría a cinco jóvenes que trabajaban en la sede de la juventud comunista. Ocurrió en Medellín, la segunda ciudad del país, el 23 de noviembre. Y cuesta entender que un grupo guerrillero llegara a Guayabal, una pequeña población de los llanos, y en pleno 24 de diciembre acribillara, también a sangre fría, a cuatro policías.

Duele aceptar que en muchos fines de semana la cifra de muertes violentas en Medellín pasara de 35. Nadie duda que hoy esta ciudad industrial, la más importante de Colombia, es también la más sangrienta del mundo. Y resulta absurdo, además, que en los 12 meses de 1987, en Uraba, una región bananera del Caribe, fueran asesinadas 267 personas, la mayoría de ellas activistas sindicales.Además, existe una guerra sucia similar a la que vivieron los países del Cono Sur. Desde comienzos del año se empezó a hablar en voz baja de esta campaña de exterminio. Pero a partir del 26 de agosto no quedó ninguna duda y se habló en voz alta de que a Colombia le había invadido una guerra soterrada e impla able. Ese día fueron asesinados en Medellín un dirigente de los educadores y dos comisionados de la oficina de los derechos humanos. Uno de ellos, Héctor Abad Gómez, era un médico, catedrático y dirigente del Partido Liberal muy apreciado. A su sucesor en la presidencia de la regional de los derechos humanos lo mataron cuatro meses después. Luis Fernando Vélez era también un hombre mayor, abogado, teólogo, antropólogo y miembro del Partido Social Conservador. A partir de ese día negro de agosto, las listas en las cuales se amenazaba de muerte fueron algo diario en Colombia. Periodistas, intelectuales, maestros, sindicalistas, líderes campesinos y estudiantiles, profesores universitarios, conocieron a través de cartas, llamadas, esquelas y coronas mortuorias su sentencia de muerte. Algunos salieron del país, pero la mayoría, como dijo el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Antioquía, la única salida fue esperar la muerte.

Matar las ideas

A finales de noviembre, al repasar el saldo de la violencia, el consejero presidencial para los derechos humanos, Álvaro Tirado Mejías, afirmó: "En Colombia la inteligencia está amenazada de muerte". Un dato basta y en los últimos seis meses siete estudiantes y ocho profesores de la universidad de Antioquía en Medellín fueron víctimas de esta guerra sucia. Los crímenes para matar las ideas fueron los más numerosos este año. Se cuentan desde el asesinato del más importante líder de izquierda, Jaime Pardo Leal, presidente de la Unión Patriótica, hasta el del más conocido, fanático y autopublicitado de los anticomunistas del país: el parlamentario liberal Pablo Emilio Guarín. El primer crimen ocurrió en octubre. El Gobierno acusó un mes después al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Dijo que el asesinato se explicaba como un ajuste de cuentas entre la anarcoguerrilla. La UP, sin embargo, dio su explicación: desde hace un tiempo, en Colombia, la mafia y la ultraderecha están aliadas. Esta unión, dicen muchos, alimenta las escuelas de sicarios y los 140 grupos paramilitares que según afirmación del propio ministro de Gobierno, César Gaviria, existen en Colombia. El crimen del anticomunista lo aclararon sus autores. Ante las cámaras de televisión, un comandante de las FARC (el grupo guerrillero más grande del país) admitió para su movimiento la autoría del homicidio. Fueron tantos los muertos este año en Colombia que, como afirmó el presidente de la comisión nacional de derechos humanos, Alfredo Vázquez Carrizosa, se habría necesitado un boletín diario en el caso de Medellín, uno cada hora, para registrarlos. Hubo muertos liberales, conservadores y de izquierda. Pero lo cierto es que los más golpeados fueron los miembros de la UP (coalición de izquierda de la que forman parte las FARC y el Partido Comunista).El año termina y la suma de sus muertos, en dos años y medio de vida del movimiento, llega a los 540.

Un país de plañideras

Los muertos en enfrentamientos armados entre el Ejército y la guerrilla (en Colombia operan seis grupos alzados en armas) según el ministro de Defensa fueron 137 militares y 568 guerrilleros. En más de medio millar de combates murieron, entre dos fuegos, cerca de 1.000 campesinos e indígenas. De todos los actos terroristas hubo dos especialmente graves. Uno, la emboscada de las FARC a un camión militar en el Caquetá. Murieron 27 uniformados. De inmediato, la tregua en esa región selvática del sur quedó rota y el Caquetá se convirtió en zona de guerra. El otro asalto fue a una fábrica de cemento y causó pérdidas de 2.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de pesetas). La incursión la realizó la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. A ella pertenecen seis grupos insurgentes y se creó en septiembre pasado. El año 1987 fue un tiempo de muerte en Colombia y fue también, como dijo Fernando Cano, hijo del asesinado director del diario El Espectador, "un país de plañideras". Cada vez que caía una nueva víctima, los dirigentes políticos se deshacían en lamentos y en promesas. Al día siguiente las olvidaban. En el año que termina hubo, a pesar de las promesas, muchos crímenes y ni un solo detenido. Es difícil entonces ser optimista frente al año que comienza. Hay un hecho que hace prever que serán 12 meses igualmente duros y sangrientos. El 13 de marzo se realizará por primera vez una elección popular de alcaldes. La UP ha dicho ya que en 25 poblaciones no podrán presentarse a la contienda electoral. En ellas, ser candidato por esta coalición de izquierda es firmar la propia sentencia de muerte.