El privilegio del secreto

EL GOBIERNO se ha negado a facilitar al Parlamento los datos que sirvieron de base para elaborar el índice de precios al consumo (IPC) de agosto, mes en que el incremento de precios, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se situó en el 0%. La respuesta del Ejecutivo a la pregunta planteada por un diputado del Centro Democrático y Social (CDS) argumenta que "esta información primaria está sometida al secreto estadístico".La única regulación del secreto estadístico se deriva de la ley de 31 de diciembre de 1945, cuyo artículo 11 dice: "El personal del INE que intervenga en la recolección de datos y demás operaciones del proceso estadístico guardará sobre ellos absoluto secreto. Los datos estadísticos no podrán publicarse más que en forma numérica, sin referencia alguna de carácter individual". Han pasado desde la promulgación de esta ley casi 42 años. Pero su idea central es la misma que impera en las normas de otros países y que subyace en el origen, ya secular, de la defensa del secreto estadístico: salvaguardar el anonimato de los ciudadanos que colaboran con las instituciones encargadas de las estadísticas, a fin de facilitar su fiabilidad.

En este caso, quizá los 14.000 informantes mensuales del INE, dependiente de la Dirección General del Ministerio de Economía y Hacienda, que toma de ellos cada mes unos 146.000 precios para elaborar el IPC, no tendrían inconveniente en que el Gobierno facilitara sus nombres y sus respuestas al Parlamento.

Pero si el anonimato debiera ser salvaguardado para evitar arbitrariedades en el literal cumplimiento de una ley, no es de recibo que el INE y el Gobierno se escuden en tal literalidad para negar "el cuestionario o, en su defecto, el soporte magnético relativo a los datos de base utilizados".

Si es que este soporte magnético incluye los nombres de los informantes, cosa que dudamos, una sencilla operación informática bastaría para extraer del ordenador los precios sin especificar los nombres de quienes los han facilitado.

La experiencia de quienes deben recurrir al INE en busca de estadísticas, así como el entramado normativo en el que se refugia esta dirección general, indican que la presunta defensa del secreto se vuelve con frecuencia contra los administrados que tratan de ejercer su derecho a la información. La práctica más habitual -para cuya defensa hay que remontarse al reglamento estadístico de febrero de 1948- es la de considerar secretos todos los datos y cifras "en tanto no reciban aprobación superior y orden de difusión o publicación".

Estas órdenes no tienen el mismo tiempo para la opinión pública o para los usuarios de estadísticas que para el Gobierno, que goza del privilegio -por ejemplo- de conocer una estimación confidencial del IPC de cada mes con al menos una semana de antelación respecto a la fecha de publicación de este índice.

Detrás de la pregunta parlamentaria que el Gobierno se ha negado a atender parece latir una estrategia del CDS para poner de relieve la necesidad de que el INE dependa del Parlamento, como mejor garantía de la fiabilidad y el control de las estadísticas. El diputado centrista Rioboo Almanzor defendió en septiembre pasado una proposición no de ley en esa dirección que contó con el respaldo unánime del resto de los grupos de la oposición y que fue rechazada por la mayoría socialista con el argumento de que las Cortes ya disponen de suficientes mecanismos de control. Ahora, al dar a conocer la respuesta del Gobierno, Rioboo declaró que el asunto demuestra la carencia de controles, opinión que han secundado otros partidos de la oposición.

Tal y como señalan los socialistas, ninguno de los grandes países industrializados tiene la oficina central de estadísticas bajo la dependencia directa del Parlamento. Pero el secretismo atípico y un poco ridículo en el que se quiere envolver el INE no hace sino abonar las tesis de que es preciso modificar su dependencia y sistemas de funcionamiento. Es justa la pretensión de conocer cómo se elabora el IPC, pues de otro modo se alimentará la creciente sensación ciudadana de que una cosa son las subidas de precios sufridas sobre los productos de consumo, y otra bien distinta, el índice oficial de precios al consumo.