Debate posautonómico

EL ESCASO interés suscitado en la opinión pública por el debate sobre las autonomías celebrado en el Senado es todo un síntoma de que la que fuera cuestión estelar de las discusiones constitucionales y objeto de apasionadas polémicas entre los partidos hasta hace poco ha pasado a un relativo segundo término en las preocupaciones de los ciudadanos. Una encuesta realizada por el Gobierno vasco en Euskadi -donde seguramente el interés por la autonomía es muy superior a la media nacional- indicaba que asuntos como el desarrollo autonómico o la eventual integración de Navarra, en la comunidad vasca, centrales ambos en la polémica entre partidos, ocupaban un muy modesto lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos, muy por debajo de cuestiones como el paro, la crisis económica, la droga, la violencia terrorista o la inseguridad.El tono de estos días en el Senado indica que la discusión sobre las autonomías ha abandonado el terreno de la búsqueda de las identidades y las esencias para desplazarse paulatinamente al de la política y la administración. La integración en las Comunidades Europeas ha tenido, psicológicamente, un efecto relativizador de las pasiones que antaño despertaba cualquier controversia autonómica; por otra parte, el asentamiento del modelo autonómico consagrado por la Constitución, y su aceptación por todas las fuerzas parlamentarias -incluyendo las que durante años propusieron la reforma del título VIII, como AP- resta dramatismo a las divergencias. Ya no es habitual que cada discusión implique la puesta en cuestión del modelo mismo o la amenaza de romper la baraja.

Pero si el criterio es la eficacia, el acento ha de ser puesto antes en la cooperación que en el conflicto. Por ello resulta significativo que varias de las mociones aprobadas en el pleno del miércoles, y orientadas a reforzar los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones, lo hayan sido a propuesta de los principales grupos nacionalistas. Así, a propuesta de los catalanes se aprobó estudiar modificaciones en el reglamento del Senado para adaptarlo a su vocación de institución de representación territorial. La iniciativa bien puede considerarse una prueba de madurez política. A propuesta del Partido Nacionalista Vasco se aprobó instar al Gobierno a reforzar los mecanismos de información y consulta previa ante proyectos legislativos que puedan incidir en el desarrollo estatutario. El partido del Gobierno, por su parte, se adelantó a presentar varias propuestas, que prosperaron, en orden a promover acuerdos consensuados sobre cuestiones pendientes o que han sido motivo de discrepancia.

Sobre la posibilidad de ampliar los ámbitos competenciales de las comunidades que accedieron a la autonomía por el artículo 143, ahora que van a cumplirse cinco años desde la aprobación de sus estatutos -plazo establecido por la Constitución para eventuales reformas de los mismos-, el ministro Almunia consideró deseable un equilibrio entre las aspiraciones de algunas comunidades en esa dirección y la garantía de funcionalidad en la articulación conjunta de las administraciones públicas. El ministro ofreció la vía prevista en el artículo 150.2 de la Constitución,por la que el Estado "podrá transferir o delegar facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Esa vía permite al Gobierno conservar la iniciativa y establecer los ritmos del proceso. Quizá nos encontremos ante un excesivo recelo por parte del Gobierno, pero no deja de sorprender que en determinados ámbitos siga considerándose sinónimos nivel máximo y nivel óptimo de competencias. La experiencia desmiente esa equivalencia en numerosos casos. Cuando algunas comunidades tienen problemas para asumir todas las competencias que permiten sus estatutos es absurdo pretender que sus techos competenciales sean más elevados.