Abortar en Navarra. O de cómo y por qué nos hemos plantado

El día 28 de octubre, la asamblea de trabajadores de los centros de planificación familiar de Navarra (Andrize, Argia, COFES y Laira) decidía, en el marco de un conjunto de actuaciones de protesta por el auto de procesamiento contra cuatro compañeros y una joven por un "supuesto delito de aborto ilegal", -en una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) realizada según la ley-, no tramitar ni un solo caso más de aquellas demandas de aborto que se acogieran a los supuestos contemplados en la ley, derivando a la mujer a la Dirección Provincial del Insalud. El director de dicho organismo enviaría a la mujer a otra comunidad autónoma para que le fueran realizados los estudios oportunos e informes pertinentes y, en su caso, a la comisión de evaluación para la ulterior IVE. Los centros de planificación familiar se limitarían a informar y derivar a la mujer. El resto de las demandas de aborto "no legales" seguirían canalizándose a clínicas españolas o europeas, como se viene haciendo en todos los centros de planificación familiar desde sus comienzos. Concretamente, en los centros de planificación familiar de Navarra la cifra de demandas está cercana al millar en lo que va de año, mientras que los legales han sido sólo 14.

Calvario de la mujer

Esta firme y decidida postura merece una breve explicación, dejando claro que nos vemos obligados a adoptar estas medidas y que lo sentimos por esas valientes mujeres que se deciden a acogerse a la ley ignorando el calvario en el que se meten y los riesgos y perjuicios, incluso judiciales, que eso puede acarrearles.Pues bien, estaremos de acuerdo en que los asuntos que conciernen a la sexualidad y a la reproducción en términos generales han tenido una escasa atención en nuestro país por parte de las autoridades sanitarias y educativas. Baste ver los presupuestos que se dedican a tales menesteres para darse cuenta del interés real que existe sobre esta materia. La salud sexual en nuestro país no es, con mucho, un tema de interés oficial, reduciéndose las más de las veces a la buena voluntad de diversos profesionales y algunos colectivos.

La conocida costumbre española de hacer chapuzas tiene en este terreno una especial significación porque nos encontramos ante una política de parches y de improvisaciones. A excepción de algunas comunidades autónomas y algunos ayuntamientos no ha habido un interés real por ofrecer una adecuada asistencia en esta materia a los ciudadanos. Esto es algo que la mayoría de los trabajadores de los centros de planificación familiar probablemente suscribirían.

El caso del aborto es ilustrativo y no debe entenderse aislado de esa política anterior. El aborto es ante todo un fracaso de las medidas asistenciales y educativas en sexualidad y reproducción humanas. Los centros de planificación familiar son jóvenes, pocos y llegan a un determinado sector de la población. La mayoría sigue desprotegida. Todo el mundo sabe que anualmente decenas de miles de españolas -no importa ahora la cuantía exacta- se ven obligadas a abortar en clínicas privadas dentro y fuera del país. Una eximia parte de las demandas de aborto ha sido canalizada hacia el circuito sanitario público, a tenor de los supuestos legales, con un resultado francamente deplorable: casi todo el mundo está crispado, harto y cansado.

Chapuza y harakiri

Mientras que otros países europeos, a los que al parecer queremos acercarnos, han sabido dar una respuesta razonable a este drama humano, aquí se aprueba una ley (denunciada desde el principio por los trabajadores de los centros de planificación familiar; es decir, por los que íbamos a trabajar con ella más directamente) que no solamente es inútil (no sirve ni para lo que inicialmente fue creada) sino que también es un auténtico harakiri: su aplicación produce presuntos delicuentes y criminales y provoca un sinnúmero de atropellos y despropósitos de índole individual, familiar y profesional a quienes tratan de acogerse a ella. Una ley cuyo desarrollo provoca estos desmanes es una chapucería. Da igual que la denuncia haya partido de un grupúsculo ultramontano o que haya habido un juez que la interpreta de manera particular; lo cierto es que es una chapuza.Pensamos, no obstante, que el hecho de elegir Navarra como piedra de toque tiene su trascendencia. Parece que nos encontramos en un pulso entre la derecha más fanática y los tímidos anhelos de libertad que podían entreverse en la ley.

No ha sido al azar, no. En Navarra existen algunos grupos y poderes fácticos que no quieren que sus dominios se contaminen con algunas ideas de esa Europa pagana y libertina. Especialmente aquellas ideas que tienen que ver con la entrepierna. ¡Como si ellos no tuvieran! La moral se aplica en demasía al sexo y poco a otras cuestiones de mayor envergadura, especialmente cuando se obtienen dividendos jugosos.

Y han apostado fuerte contra los que se han atrevido a provocarlos. De seguir este primer auto de procesamiento, luego vendrían los 20 abortos legales de mujeres navarras habidos hasta el momento, y más tarde los casi 12.000 que, según cifras oficiales, se han realizado en todo el territorio nacional. Muy pronto más de media España podría estar procesada. Esto es una auténtica locura que debe hacer enrojecer a los demócratas europeos.

En cualquier caso es hora ya de denunciar esa inútil y costosa -en recursos humanos sobre todo- norma legal y exigir que las españolas que quieran interrumpir su embarazo puedan hacerlo en las mejores cbndiciones sanitarias y psíquicas en los centros públicos, sin ningún tipo de riesgo y con la máxima confidencialidad para ellas y para los profesionales que decidan atender esas demandas. También va siendo hora de que la objeción de conciencia sea regulada, para evitar ciertos comportamientos harto hipócritas.

Pensamos que si los demás centros de planificación familiar siguen nuestras propuestas, dentro de poco los hospitales que ahora hacen los abortos también se plantarán y tendremos una crisis de gran envergadura: o enviamos oficialmente a las mujeres a Europa, como si de una especialísima intervención se tratara, o adecuamos la ley a la realidad social. Nos plantamos porque así no podemos seguir. La sociedad española merece una ley mejor, independientemente de si ello molesta a la derecha. Que los políticos que han hecho la ley se den cuenta de este desfase.

Basta de miedo

Por eso los trabajadores de los centros de planificación familiar de Navarra hemos dicho basta. Basta de que la Administración nos utilice. Basta de ser conejitos de indias entre ella y asociaciones de fanáticos.Basta de tenerle miedo a la derecha conservadora. Basta de colaborar con una ley inútil y peligrosa para los ciudadanos que quieran acogerse a ella.

Es preciso y urgente modificar la actual ley y adecuarla a la realidad social, que tenga en cuenta las necesidades e intereses de las mujeres, verdaderas protagonistas de esta historia. Esto no sería una chapuza.