No es verdad: en Argentina no se tortura

El autor cree que la afirmación de que se tortura actualmente en Argentina no responde a la realidad. En los últimos meses ha habido acusaciones que se tratan de desmontar en este artículo, al tiempo que se elabora una teoría sobre la situación argentina actual.

La afirmación de que en Argentina sigue funcionando el mecanismo de la tortura ha causado estupor en la opinión pública europea, convencida de que, a partir de 1983, con la elección de Raúl Alfonsín como presidente de todos los argentinos, había comenzado en el Cono Sur de América Latina el proceso de consolidación de una nueva forma de convivencia, signada por el respeto de los derechos humanos y la protección de la libertad individual y colectiva. Y esa forma de vida civilizada se afianza día a día en el país. No es verdad que en Argentina se torture. Detrás han quedado años de caza de brujas, de desapariciones, de aplicación de los más aberrantes métodos de tortura a quienes creían en la utopía de la convivencia en la discrepancia, en el ejercicio de la libre determinación del pensamiento.El presidente Alfonsín puso en juego su autoridad moral al comprometerse a juzgar a los responsables de la represión ilegal e indiscriminada, ejecutada en nombre de ciertos valores espirituales y religiosos que disfrazaban la realidad de intereses materiales concretos. Ha cumplido con su honor y con su pueblo. Hoy, 1987, "tres ex presidentes militares y seis de sus compañeros de fechorías cumplen sentencias dictadas en juicios orales y públicos, con observadores y con gran respeto de las garantías procesales de los homicidas, que no han objetado ni sus abogados defensores" (Martín Prieto, EL PAÍS, 19 de septiembre de 1987).

Justicia y no revancha, dijo el presidente Alfonsín. Así se procede en la Argentina democrática. Junto a los responsables de las tres juntas militares se encuentran procesados los principales miembros de organismos paraoficiales, todos ellos juzgados con las máximas garantías procesales. A pesar de ello, surgen algunas voces que denuncian ante foros internacionales al Gobierno argentino, si no de propiciar, al menos de admitir la continuación de las desapariciones, asesinatos y torturas propias del ominoso tiempo del proceso militar.

Es doloroso, para quienes aportamos nuestra modesta cuota de lucha militante por los derechos humanos, pagando un cierto precio por ello, descubrir que tan aventuradas afirmaciones proceden de quienes se consideran "el símbolo internacional de la defensa de los derechos humanos" (La Tarde de Madrid, 5 de octubre de 1987).

Comprendemos, respetamos y compartimos los sentimientos que llevaron a las Madres de la Plaza de Mayo a organizarse, y en tal sentido, por tanto, a la señora Hebe Bonafini y a sus compañeras del sector de las madres que representan.

Sociedad amenazada

Por ello mismo, y como defensores de los derechos humanos y la democracia, creemos necesario señalar aquello que consideramos los lesiona. Son estos temas que exigen la máxima seriedad por ser primordiales para la supervivencia de nuestra tan amenazada sociedad contemporánea. Lejos de salvaguardarlos, los ponen en serio peligro quienes, como en este caso, pretenden con ligereza demostrar a la comunidad internacional que es lo mismo el Estado de derecho vigente en Argentina desde diciembre de 1983 que el terrorismo de Estado que rigió entre 1976-1983.Es inadmisible declarar sin más que en la Argentina de hoy se secuestra, tortura y asesina impunemente. Dada la gravedad de las imputaciones, lo correcto y responsable sería avalarlas con datos concretos, tal como operaron todos los organismos de derechos humanos a lo largo del proceso militar. Pero aquí no se proporcionan nombres ni circunstancias concretas. En cambio, la señora Bonafini sostiene que policías convertidos en delincuentes comunes, después de haber atracado un banco y asesinado a varios funcionarios, fueron perdonados en función de la ley de Obediencia Debida (La Tarde, de Madrid, 5 de octubre de 1987, página 16). La verdad es que estos delincuentes están procesados y encarcelados...

Tampoco es serio ni conveniente sensibilizar a la opinión pública hispana afirmando que ciudadanos españoles podrían ser los próximos desaparecidos (conferencia de prensa, Círculo Internacional de Prensa, Madrid). La futurología no es materia apropiada para estos casos. Los argentinos como tales y como latinoamericanos tenemos el deber de conocer nuestra corta historia en profundidad y de analizar nuestra realidad con seriedad y a conciencia. Así sabemos de los embates sufridos por todos los sectores que han intentado establecer y afianzar el sistema democrático en el país. La nuestra ha sido una democracia endeble; su historia, una de pequeños avances y grandes retrocesos que provocaron en más de una ocasión la desunión o el desentendimiento de muchos que, sin duda, coincidían en los objetivos fundamentales tendentes a lograr la consolidación del Estado de derecho. Luego de la experiencia vivida durante la última dictadura, diciembre de 1983, encontró a la amplia mayoría de los argentinos unidos para reiniciar el intento y apuntando a la meta: recuperar la democracia. Lo que tal vez no aparecía tan claro, con nuestro triunfalismo y nuestra facilidad para olvidar, era que si en el pasado había sido tarea dificil, ahora, con aditamentos como la fabulosa deuda externa heredada, por nombrar alguno, lo sería más todavía.

Contábamos, sin embargo, con un elemento nuevo y muy a nuestro favor: la extrema situación vivida, sin precedentes, nos había dado experiencia; teníamos que haber madurado. Lo sentíamos, habíamos aprendido a un precio muy alto: camino hacia la democracia no hay lugar para ingenuidades ni infantilismos.

Hoy, el incipiente Estado de derecho, en la persona de quien representa su más alta institución, el presidente Alfonsín, es acometido por quienes descreen del mismo, aunque las razones sean diversas. Desde aquellos que sostienen que "la Argentina no es democrática" (conferencia de Prensa, Madres, Madrid) hasta los miembros de Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS), que exhorta al presidente a que "con mano segura nos defienda de los marxistas y los judíos que están metidos en el Gobierno y en la Universidad".

Mucho se ha hablado en estos días de Amnistía Internacional (Al), opiniones en uno u otro sentido. Pero adviértase la matización que el portavoz de la sección alemana de Al, Dieter Oberrat, hizo en la recepción en Colonia (RFA) a la delegación de la Asociación de Madres de la Plaza de Mayo: "El fenómeno de los desaparecidos por instituciones militares y policiales en Latinoamérica, sobre todo en la Argentina de 1976 a 1983, y actualmente en Chile, Guatemala y El Salvador, por ejemplo, tiene una de sus bases teóricas en el nacionalsocialismo alemán. Debemos elogiar, sin embargo, el hecho de que en Argentina se haya condenado y encarcelado a militares de alta graduación, fenómeno espectacular e insólito hasta entonces en Latinoamérica, y que en la actualidad no se cometan en él más violaciones de derechos humanos" (cable de Efe del 6 de octubre).

Terminamos. Nuestra acosada democracia está al borde de sus cuatro años. No tiremos la experiencia por la borda. No perdamos la meta; que esta vez los árboles nos dejen ver el bosque.