Cabañeros, una cuestión de prioridades

La finca de Cabañeros se encuentra situada en la zona de los Montes de Toledo, al noroeste de la provincia de Ciudad Real, y está constituida por una serie de sierras paralelas que alternan con amplias llanuras o rañas. La masa vegetal que la cubre es una representación típica de bosque mediterráneo, compuesta en su mayor parte dejaras, brezos, lentiscos, madroños, alcornoques, encinas, quejigos, etcétera, constituyendo un hábitat idóneo para el sustento de una variada fauna cuya muestra más numerosa son los cérvidos y los jabalíes.La reconquista y el poblamiento de toda esta región se encomendó a las órdenes militares (Calatrava, Montiel) y a la nobleza, creándose así enormes latifundios que caracterizan aún hoy la estructura de propiedad de la tierra.

La escasa población y su aislamiento, debido a su complicada y agreste orografía (las rutas principales pasaban por La Mancha o por Extremadura), hicieron que todo este vasto territorio permaneciera prácticamente inalterado hasta mediados del presente siglo.

Durante la década de los cincuenta, la política autárquica del franquismo desarrolló un proceso de asentamientos y explotaciones agrícolas a través del Instituto Nacional de Colonización. Cabañeros fue declarada finca manifiestamente mejorable el 28 de enero de 1954, con la obligación de roturar 7.500 hectáreas de raña, compuesta por matorral mediterráneo, alcornoques, encinas, etcétera, para su dedicación al cultivo de cereales y a la explotación agropecuaria.

Comenzaba así la intervención de la Administración en Cabañeros, originando por primera vez una profunda transformación del medio natural. La prioridad entonces era producir pan para alimentar a la población.

Dentro del mismo esquema desarrollista, la política de repoblaciones impulsada por el Icona obligó a introducir en otras zonas de la finca la plantación de pinos foráneos en régimen de consorcio, transformando también considerablemente el ecosistema.

Por otra parte, la propia ley de Caza aprobada por las Cortes primaba determinadas especies en perjuicio de otras, y favorecía el cerramiento de fincas, impidiendo el tránsito tradicional de las especies animales en todo el ecosistema de los Montes de Toledo.

Cabañeros, no obstante, pudo conservar mejor sus valores naturales y sobre todo su fauna, gracias a su mayor dimensión, unida a una gestión responsable y adecuada de sus recursos naturales y cinegéticos. Mucho antes de que especies consideradas por la legislación como alimañas que había que exterminar pasaran a ser especies en peligro de extinción que había que proteger, ya se prohibía en Cabañeros matar cualquier animal que no perteneciera a las especies estrictamente cinegéticas, y se practicaba la caza con criterios de selección y mantenimiento de un equilibrio adecuado entre la población animal y la capacidad del terreno para alimentarla.

Buitres

Estos criterios han hecho posible, entre otras cosas, que desde que se efectuó el primer censo de buitres negros en la década de los sesenta, la colonia haya pasado de una decena escasa de parejas a cerca de 70, según las últimas observaciones realizadas sobre el terreno, este mismo año, por la Coordinadora para la Defensa de las Aves (Coda). Ha permitido, en definitiva, que Cabañeros posea aún hoy unas condiciones de gran valor ecológico, a pesar de todas las cicatrices que le surcan (roturaciones, alambradas, repoblaciones, cortaderos, carreteras, etcétera).

Las últimas intervenciones de la Administración respecto al destino de la finca vienen a confirmar las contradicciones en evaluación de prioridades que imperan en los distintos sectores y organismos del Estado.

En octubre de 1981, representantes del Estado Mayor del Ejército del Aire y de la Dirección Provincial del Icona de Ciudad Real manifestaron a los representantes de las sociedades propietarias de Cabañeros el deseo urgente de adquirir la finca, bien por compra directa o, en caso de no llegar a un acuerdo, por la vía legal de la expropiación forzosa, para instalar un polígono de tiro.

El asunto trascendió a la opinión pública a mediados de 1983, surgiendo las protestas y movilizaciones para salvar Cabañeros e impulsando al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, a recoger ese estado de opinión, comprometiéndose en la última campaña electoral a luchar para impedir la instalación de un polígono de tiro en la finca y a iniciar el expediente de declaración de espacio natural protegido, como efectivamente ha hecho.

En julio de 1985, la Junta de Jefes del Estado Mayor declaró el asunto de Cabañeros tema reservado, al amparo de la ley de Secretos Oficiales.

Lamentablemente, entre tanto y en pleno debate, Cabañeros ha seguido siendo objeto de otras agresiones, de las que nadie se ha hecho eco, y así, hace apenas tres años, se han construido dos carreteras paralelas (una por el Icona y otra por la Diputación Provincial de Ciudad Real) que atraviesan y cortan la finca en dos, creando una barrera infranqueable para el flujo de las especies animales, principalmente ciervos y jabalíes, y facilitando la incursión de furtivos que están causando un enorme daño. (Sólo en el último año se han localizado restos de más de 200 reses.) Pero en este caso se consideró prioritario unir a dos pueblos que siempre habían vivido separados por la sierra y orientado cada uno hacia su respectiva vertiente. Ante tal cúmulo de contradicciones parece evidente la necesidad urgente de un debate serio, que permita establecer una orientación coherente en la utilización de nuestros recursos naturales y en la ordenación de nuestro territorio.

Aunque aún no sabemos mucho acerca de los delicados equilibrios de los ecosistemas, sí sabemos, al menos eso: que son muy delicados y, por tanto, que cualquier actuación que los altere sustancialmente puede ocasionar daños irreversibles.

Cuando el Parlamento aprueba la dotación de 300.000 millones de pesetas para el programa FACA debe saber que con ello se está también condenando a Cabañeros, o a cualquier otra vasta extensión de nuestro territorio, a ser destinado a polígono de tiro.

Cuando la mayoría de los españoles vota en referéndum la permanencia en la OTAN, también.

Tal vez sea inevitable, debido a nuestra situación geopolítica y a nuestros compromisos occidentales y comunitarios, mientras prosiga la carrera armamentista y la política de bloques en la que estamos inmersos, aunque a muchos no nos guste.

En todo caso, hemos aceptado la carga de nuestra contribución a la Alianza y la necesidad de disponer de una adecuada cobertura de defensa de nuestro territorio, frente a un hipotético ataque del enemigo exterior.

Del mismo modo, deberíamos poner los medios necesarios para defenderlo de las continuas agresiones que sufre de nuestra mano. De la contaminación del aire y de las aguas, de la erosión y pérdida del suelo fértil, de los devastadores incendios ocasionados a sus bosques, de la destrucción, en fin, del medio natural.

Sin embargo, estos aspectos de la defensa de nuestro territorio ocupan aún un lugar muy bajo en la escala de prioridades establecidas por la Administración, según se desprende de los escasos medios y recursos que se asignan a tal menester, así como de las actitudes y opciones que se vienen adoptando ante cada conflicto que se produce.

Es hora de que el Gobierno se haga eco de la creciente sensibilidad social, de las voces de alarma cada vez más numerosas y cualificadas que se levantan y movilizan frente a cuestiones como Riaño, Cabañeros, Tablas de Daimiel, vertidos de residuos y tantos otros desastres que nos consternan cada día.

Es necesaria una voluntad política que asuma, como prioritaria, la defensa del medio ambiente. Así lo exige la importancia del asunto, así lo exige la opinión de una parte cada vez más considerable de la población, así lo pide el sentido común.