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La 'guerra sucia' ensangrienta Colombia

Las denuncias de Pardo Leal contra las fuerzas armadas le costaron la vida

Desprotegida por la debilidad de sus viejas instituciones democráticas, Colombia sufre hoy los efectos de la peor guerra sucia de América Latina desde que, hace más de 10 años, la sangre corrió copiosamente en el Cono Sur. La Unión Patriótica (UP), la principal fuerza izquierdista legal en la historia de este país, es objeto de una calculada política de exterminio que la ha privado ya de más de 500 de sus dirigentes y militantes y ha limitado considerablemente su actividad. El punto culminante de esta escalada de terror fue la muerte a balazos del presidente de UP, Jaime Pardo Leal.

"Las Fuerzas Armadas tienen que explicar quiénes están detrás de la guerra sucia. Si no son las Fuerzas Armadas, ¿quiénes?". Esto afirma el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colombia, el profesor universitario Alfredo Vázquez Carrizosa, una de las figuras más respetadas y prestigiosas del país. Admite que, por el momento, no dispone de datos para implicar directamente a las Fuerzas Armadas, pero afirma que "todas las investigaciones tropiezan en el momento en que se llega a las personas con fuero especial, que son los militares".Vázquez Carrizosa no tiene dudas para asegurar que "Jaime Pardo murió porque había denunciado los nombres de oficiales de las Fuerzas Armadas relacionados con casos de asesinato". Cuatro meses antes de la emboscada que acabó con su vida, Pardo había presentado ante el procurador general de la nación, Carlos Mauro Hoyos, una lista de casos en los que se sospecha de la participación de militares en muertes de dirigentes de UP.

La Procuraduría encontró indicios para realizar investigaciones sobre la mayor parte de los casos denunciados por Pardo, y así se lo comunicó el pasado 15 de septiembre de 1987 al comandante general de las Fuerzas Armadas, general Manuel Guerrero Paz, mediante un documento al que ha tenido acceso EL PAIS, y en el que se mencionan los 25 casos en los que se está trabajando. El general Guerrero recibió esa comunicación 26 días antes de la muerte de Jaime Pardo.

La decisión de la Procuraduría, según distintas fuentes en Bogotá, rebosó el vaso del malestar entre los militares, que poco antes ya habían dado muestras de irritación por el reciente paso a manos civiles de la Procuraduría delegada para asuntos de las Fuerzas Armadas, un puesto clave en este tipo de investigaciones que tradicionalmente había estado ocupado por un general.

El informe del procurador delegado, Omar Henry Velasco, cita con nombres y apellidos a los capitanes, tenientes, y hasta un coronel, sobre los que se requiere una investigación. Y en el caso del asesinato el pasado 16 de agosto del alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés, se presentan datos elocuentes que llevan a concluir la . apertura formal de averiguación disciplinaria" del capitán Luis Orlando Ardila Orjuela. La Procuraduría no tiene potestad para sancionar, sino solamente para hacer pública demanda de sanciones disciplinarias.

Grupos de autodefensa

En otros casos, el informe da cuenta de la falta de pruebas contra determinados oficiales, pero mantiene abiertas las investigaciones hasta su total esclarecimiento. Éste es el caso de la denuncia presentada por Jaime Pardo contra el ministro de Defensa, general Rafael Samudio, el oficial que dirigió en noviembre de 1985 la toma del palacio de justicia de Bogotá, en la que murió un centenar de personas en circunstancias todavía no aclaradas oficialmente.El informe del procurador recoge, en relación con el general Samudio: "Denuncia contra el señor ministro de Defensa Nacional por presencia en el país de grupos de autodefensa. El procurador general de la nación me ha comisionado para adelantar dicha investigación, y a partir del 14 de agosto se vienen recaudando pruebas. Pero las recaudadas y el corto tiempo de la investigación no nos permiten anticipar nada al respecto. En todo caso, la investigación continúa".

La Unión Patriótica ha denunciado que los llamados grupos de autodefensa, contemplados en la doctrina militar como unidades civiles para protegerse de los guerrilleros, son verdaderas fuerzas paramilitares dirigidas por oficiales del Ejército. El procurador general considera que son "fuerzas fuera de la ley".

Aunque algún comentarista del diario El Espectador ha visto en la ola de atentados de los últimos meses el preludio de la guerra civil española, la mayor parte entiende ésta como una fase, tal vez la peor, del combate entre el Ejército y la guerrilla, iniciado en los años sesenta con batallas frontales en las montañas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de octubre de 1987