El Gobierno asume la coordinación de las actuaciones sobre el medio ambiente

Madrid - 17 oct 1987 - 00:00CET

El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de real decreto por el que se suprime la Comisión Interministerial de Medio Ambiente (CIMA) y se encomienda al Gobierno la coordinación de todas las actuaciones relativas al medio ambiente en el ámbito de la Administración del Estado. Las actuaciones del Gobierno en este ámbito se efectuarán a través del Consejo de Ministros, la Comisión de Subsecretarios y la Comisión Delegada del Gobierno. Estas dos últimas están presididas por el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.

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La nueva estructura ha sido propuesta por el titular de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela. Según fuentes de este ministerio, el cambio de estructura del Estado, en autonómico, y la conclusión de las transferencias en materia de medio ambiente han puesto de relieve lo inadecuado de la CIMA para la coordinación en la formulación y desarrollo de la política medioambiental de las administraciones públicas. .Añaden fuentes del MOPU que la incorporación de España a la CE supone la necesidad de acometer una profunda modificación de la normativa interna, así como la potenciación de los instrumentos y órganos de gestión en las administraciones públicas para cumplir unos fines cada vez más complejos y diversos. Ello, añade, unido al impulso de la política ambiental en España en relación con la comunitaria, exige remediar un déficit de los equipamientos ambientales. Anuncia el MOPU en este sentido que será necesario en los próximos años un incremento notable del gasto público.

Objetivo final

El objetivo final de este cambio es, para la Administración, conseguir una auténtica efectividad en la coordinación de la política ambiental del Estado a través de la programación económica, necesaria -dice el MOPU- para acrecentar la presencia de España en la política ambiental de la CEE y en la obtención de beneficios económicos de ella, teniendo en cuenta la futura presidencia española en 1989. La CIMA resultaba insuficiente y carente de fuerza vinculante, según el MOPU, ya que ni aseguraba la coordinación entre los órganos de la Administración con competencias en la materia ni daba respuesta a la actual estructura del Estado. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos del Medio Ambiente no se reunió en ninguna ocasión.

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