Estadística facilita los nombres de los fallecidos para darles de baja como pensionistas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) facilita a la Seguridad Social los nombres de los españoles que fallecen para que puedan darles de baja inmediatamente como pensionistas. Los funcionarios del INE han revelado la noticia a este periódico y consideran que dicha práctica, regular desde 1984, viola claramente la ley reguladora del secreto estadístico, según la cual "los datos estadísticos no podrán publicarse ni facilitarse más que en forma numérica, sin referencia alguna de caracter individual". Altos cargos de la Administración han confirmado la existencia de un acuerdo para colaborar entre el INE y la Seguridad Social, aunque negaron que se viole la ley.

Desde 1984, según ha trascendido ahora, funcionarios de la Seguridad Social acuden regularmente a las delegaciones provinciales del Estadística para recoger los nombres y direcciones de las últimas personas fallecidas en cada pravincia."Tienen tanto interés en estos datos", ha comentado una fuente del Instituto Nacional de Estadística, "que cuando alguna delegación se retrasa en avisarles para que vengan, ellos llaman por teléfono para conocer el día en que estarán disponibles los datos. A veces vienen con tanta prisa que hasta pueden ver el nombre del facultativo que certifica cada defunción".

Algunos de los delegados del INE pusieron en un primer momento objeciones a la colaboración con la Seguridad Social, por presumir que ello podría suponer una violación del secreto estadístico. Pero hubo una orden escrita desde la dirección general de Madrid que dio el visto bueno a estas prácticas.

No hay denuncias

Hasta Ios más reticentes, según ha declarado uno de ellos, llegan a pensar que "donde hay patrón no manda marinero". De hecho, no se ha registrado desde entonces ninguna denuncia judicial al respecto. Tampoco nunca se ha denunciado judicialmente violación alguna por cualquier otro motivo. Pero expertos en esta materia aseguran que ya antes de 1984 se habían producido diversas infracciones del secreto estadístico.Varios altos cargos de la Seguridad Social han confirmado que la colaboración del Instituto Nacional de Estadística se inició en 1984 y está siendo muy provechosa. No sólo ha mejorado desde entonces la gestión del sistema, hasta el punto de desacelerarse por ésta y por otras causas más fehacientes (sobre todo la entrada en vigor de la nueva ley de Pensiones en 1985) el crecimiento anual del número de personas que cobran una pensión: 2,9% en 1986, 2,6% en 1987 y 2,4% de previsión para 1988.

También se han evitado molestias a los pensionistas, liberándolos cada vez más de la obligación de acudir personalmente a identificarse ante la entidad bancaria que les paga.

Los convenios entre las entidades bancarias que manejan temporalmente el dinero destinado por la Seguridad Social a pensiones -casi tres billones de pesetas previstos en 1988- incluyen una cláusula que atribuye a cada entidad crediticia la responsabilidad pecuniaria de pagar la nómina mensual por un pensionista fallecido.

Pero se observaron algunas tensiones protagonizadas por las entidades bancarias, que no querían afrontar los reintegros de lo que en el argot bancario se llama la caja de los muertos. Para evitar que se produjeran estas tensiones y para no dar una imagen de mala gestión, la Administración concibió hace tres años la idea de pedir los datos directamente a Estadística, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda.

"Es una estupidez decir que el Instituto Nacional de Estadística viola el secreto estadístico", declaró a este periódico uno de los altos cargos de la Seguridad Social que negociaron en el año 1984 el acuerdo de colaboración con la citada dirección general del Ministerio de Economía y Hacienda.

"Los datos de los registros civiles sobre los fallecimientos son públicos, y cualquier tercero puede lograr un certificado dedefunción. El problema era que no podíamos dirigimos a todos los registros. Pero éstos envían copias de los boletines de defunción a los ayuntamientos, a la Direción General de Registros (Ministerio de Justicia) y al INE. Por los ayuntamientos podíamos obtener los nombres de los fallecidos, aunque tres meses más tarde. Por Justicia había algunas dificultades, ya que no tenía informatizado el registro civil, aunque acordamos ayudarle económicamente. De ahí que recurriésemos al INE, que comprendió nuestros planteamientos. Los dictámenes jurídicos que pidió la Seguridad Social a la asesoría jurídica del Ministerio de Trabajo no apuntaban problema alguno respecto a una posible violación del secreto estadístico".

Sin embargo, funcionarios del Instituto Nacional de Estadística consultados por este periódico manifestaron su convicción de que efectivamente ello supone una violación del secreto, porqueel artículo 11 de la ley de Estadística de 1984 -todavía vigente- señala textualmente: "Los datos estadísticos no podrán publicarse ni facilitarse más que en forma numérica, sin referencia alguna de carácter individual".

Colaboración

La colaboración entre Estadístíea y la Seguridad Social ha trascendido a raíz del anuncio de que el proyecto de ley de Presupuestos del Estado piara 1988 establece la futura obligatoriedad de que todos los contribuyentes dispongan de un número de identificación fiscal.Para instrumentarlo, el Ministerío de Economía y Hacienda, cuyos funcionarios están obligados también a guardar el secreto fiscal, ha acordado con el Ministerio de Interior que el futuro número del documento nacional de identidad coincidirá con el del NIF (NIF), a cuyo efecto se le añadirá una letra.