Secreto, mutismo e identificación fiscal

., El secreto estadístico, como el fiscal, tiene su origen histórico en la necesidad del Estado de ofrecer garantías de intimidad al ciudadano, con el fin de animarle a facilitar información personal. Pero esto, más que evitar violaciones -en España nunca denunciadas-, a veces ha justificado el mutismo de la Administración sobre datos realmente no protegidos por el secreto.

Los censos de los romanos y los árabes, como el destinado a financiar la llamada Invencible, cultivaron amplios recelos en la memoria social de los españoles. Por ello, el recuento estadístico de hace ahora doscientos años, conocido como el Censo Floridablanca (1787), ofreció por primera vez la contrapartida del anonimato. "Temerosos los pueblos de las quintas, o aumento de contribuciones, ocultan noticias y disminuyen el número, sobre todo en tiempo de guerra, con descrédito del Estado", decía el reformador.

Esta cita procede de Adoración de Miguel Castaño, ex funcionaria del INE, que mereció el sobresaliente cum laude de la facultad de Informática por su tesis doctoral sobre Derecho a la información, frente al derecho a la intimidad, publicada por el propio INE en 1983, y que dice en su págíria 278: "Aun cuando no se hayan producido denuncias por violaciones del secreto estadístico, nosotros sí consideramos, después de analizar distintas publicacíones -en especial el censo industríal de 1978- que, de acuerdo con las prácticas habituales de otros países, sí se han producido violaciones de dicha norma, aunque sólo por macrodatos, nunca por microdatos identificados".

"La centralización de la. información de carácter personal y la asignación de un número de identificación", dice también Adoración. de Miguel en su extensa tesis (663 páginas), "es preocupante para el resguardo de la intimidad, máxime si se lleva a cabo mediante las informática, como no puede por menos de suceder en la actualidad. De la misma forma que no deja de suscitar inquietud, en igual sentido, el documento nacional de identidad español, regido por el decreto de 22 de febrero de 1962, con número nacional único para cada titular