La propuesta federalista de los socialistas catalanes

El autor, miembro de la comisión redactora de la ponencia marco que desarrolla las tesis federalistas de los socialistas catalanes, aboga por una profundización del Estado de las autonomías establecido en la Constitución en una línea de contenidos federales. Más que plantear unos objetivos finales, pone el acento en la necesidad de un debate sincero que afronte los problemas de fondo.

Cuando los socialistas catalanes proponemos que hay que entender el Estado de las Autonomías como un Estado de inspiración federal, creo que estamos apuntando a un tema capital. La Constitución de 1978 aparece como una posible solución al problema histórico de la articulación del Estado español de una forma respetuosa con los pueblos que lo integran. La Constitución es garantía de la estabilidad democrática en España y no es aconsejable su reforma o revisión.Ciertamente, la Constitución no consagra un modelo federal De acuerdo con la Constitución la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y no separadamente en los diferentes territorios que lo componen, y los estatutos son leyes votadas en el Parlamento español y no la expresión de la soberanía de las respectivas comunidades autónomas.

Pero la cuestión no se sitúa en el terreno de los principios, sino en el de los contenidos políticos Cuando nosotros hablamos de un Estado de las autonomías de inspiración federal no nos referimos a un modelo de Estado que constitucionalmente se defina como federal, sino a un Estado de contenidos federales, y, a nuestro entender, la orientación federalizante del Estado de las autonomías es absolutamente respetuosa con la Constitución.

Pero en este terreno la cuestión aparece abierta. Es decir, con la Constitución en la mano, el Estado de las autonomías puede llegar a ser un Estado de contenidos federales, pero también un Estado de contenidos unitarios. Si miramos a nuestro alrededor, -entre los países de la OCDE, por ejemplo- no hay terceras vías.

En el fondo, lo que está en juego es que existan comunidades autónomas con auténtica capacidad de autogobierno político. Y los socialistas catalanes pensamos que, cubierta con éxito una primera etapa del proceso autonómico, es el momento de plantear la cuestión. Y de apostar decididamente, ni qué decir tiene, por un Estado de las autonomías de contenidos federales.

Tentaciones centralistas

Ahora bien, al hacer esta apuesta no es necesario decir que somos conscientes de que las tentaciones centralistas pueden ser poderosas y de que hay numerosos factores que empujan en este sentido: las resistencias de la Administración del Estado, que se manifiestan con especial fuerza en un proceso como el autonómico que se sustenta sobre la desagregación de la Administración central; la fuerza de un discurso modernizador de signo neocentralista que asocia erróneamente descentralización con caciquismo y atraso; la propia realidad autonómica española, en la que se manifiestan situaciones y aspiraciones muy diversas; la falta de miras y el particularismo del nacionalismo conservador gobernante en las principales nacionalidades históricas, que ha renunciado a ejercer una acción de liderazgo en el proceso de transformación del Estado.

La existencia de gobiernos intermedios con auténtica capacidad de autogobierno político es, pues, la piedra de toque del contenido federal de nuestro modelo de Estado. Hay capacidad de autogobierno político cuando la voluntad de los ciudadanos del territorio puede manifestarse efectivamente sobre un amplio abanico de funciones y competencias que afectan a la vida pública; cuando los gobiernos intermedios disponen de una autonomía financiera apreciable, entendida ésta como la posibilidad de poder influir significativamente sobre el nivel y la estructura de ingresos y de gastos; cuando a los gobiernos intermedios les corresponde efectivamente la organización de la administración pública en el territorio y en especial la de la administración local; hay capacidad de autogobierno político, en fin, cuando se establecen mecanismos que garantizan que los gobiernos intermedios pueden y deben responsabilizarse de las numerosas cuestiones de Estado que inevitablemente han de resolverse desde las instancias centrales de gobierno.

La Constitución deja un amplio margen de maniobra en todas estas cuestiones. El Estado de las autonomías será más o menos autonomista según la voluntad de las fuerzas políticas y su acierto en desplegarlo. A nuestro entender, se ha cubierto una primera etapa del proceso autonómico con un balance positivo. Los resultados son satisfactorios. Pero el riesgo de que el Estado de las autonomías derive en un estado unitario, con unos gobiernos locales (las comunidades autónomas) de nuevo tipo, no ha desaparecido. Es preciso evitar el peligro de caer, a veces inconscientemente, en actitudes acomodaticias, que intentan concederse un respiro excesivamente largo después de un proceso que, incuestionablemente, se debe catalogar de intenso. Por este motivo, pensamos que es necesario dar un nuevo impulso al Estado de las autonomías y establecer el horizonte de los objetivos que sería conveniente alcanzar gradualmente para tender a un Estado autonómico de contenidos federales: establecimiento de un statuo quo legislativo entre el poder central y las Comunidades Autónomas que permita corregir los defectos de una concepción excesivamente restrictiva del ejercicio legislativo de las competencias autonómicas; formulación de un modelo de financiación al que pueda tenderse como objetivo, completando los pasos iniciados con la revisión de noviembre de 1986; racionalización y coordinación de la Administración de los distintos niveles de Gobierno en el territorio; creación de mecanismos eficaces y operativos de participación de los gobiernos autonómicos en la política de Estado y de coordinación entre ellos.

La importancia de este último punto aconseja profundizar en él más detenidamente. Muchas de las cuestiones que aparecen a lo largo del proceso autonómico y que hacen referencia al modelo de Estado hacen inevitable una confrontación objetiva de intereses entre la Administración central y los gobiernos autonómicos. Y sería esperar demasiado que en estas cuestiones el Gobierno central pudiese ser a la vez Juez y parte. El Gobierno central tenderá a reforzar su poder y a hacer su propia política. En cierto sentido, es normal que el Gobierno central tienda a ser centralista. Sería conveniente, pues, permitir también que las CCAA pudiesen desarrollar responsabilidades de Estado.

El Gobierno central puede estar natural y disculpablemente sesgado en la solución que pueda dar a las mismas. Pero las fuerzas políticas no deben estarlo. El socialismo español debe avanzar en la formulación de los objetivos que mejor puedan responder a la aspiración de un Estado autonómico equilibrado y compensado, en el que los distintos niveles de gobierno tengan el peso que les corresponde. Y, sobre todo, es preciso evitar que en función de ubicaciones políticas circunstanciales, el socialismo español tienda a considerar que el bastión del proyecto socialista es el gobierno central y a dejar la iniciativa de la política autonómica a las fuerzas conservadora.

La propuesta federalista de los socialistas catalanes puede provocar resistencias en sectores del socialismo español. Esto no debe sorprender a nadie. En el fondo, es natural que así sea. De alguna manera, los socialistas catalanes hemos de asumir un cierto papel de impulso político en el conjunto del socialismo español en relación a las cuestiones que hacen referencia al modelo de Estado; a la cuestión de la articulación en Cataluña en el conjunto del Estado.

En estos temas siempre ocurrirá que los socialistas catalanes estaremos unos pasos más adelante. Mal iría que no fuera así y estuviéramos, simplemente, en medio del pelotón. Pero es necesario que alguien vaya unos pasos más adelante para indicar el camino que se debe seguir. Es preciso tirar de la cuerda, no para que se rompa, sino para garantizar que el proceso sigue la dirección correcta y para recordar al conjunto del socialismo español los retos que aún están pendientes y los viejos objetivos que aún no se han cumplido.

Por ello es normal que estas propuestas surjan del seno del socialismo catalán.

Cataluña y Euskadi

A nadie debería escapársele que en buena parte la necesidad de reformar y transformar el Estado centralista en un Estado autonómico se produce para tratar de resolver el contencioso de las nacionalidades históricas y, muy especialmente de Cataluña y Euskadi.

Por ello es preciso desarrollar a fondo todas las posibilidades que ofrece nuestro sistema constitucional; porque no podemos renunciar a la aspiración de que dentro del mismo tengan solución los problemas pendientes planteados por estas nacionalidades históricas.

La propuesta de los socialistas catalanes está llamada a originar un debate en el socialismo español. Pero también debe servir para dar nuevas perspectivas al catalanismo político y para y proyectar hacia el futuro la autonomía de Cataluña.

A menudo la vida política de Cataluña se ha visto polarizada por el enfrentamiento frustrante y desgastador entre el centralismo y el nacionalismo conservador. Pero la esterilidad de este enfrentamiento hace que se den las condiciones objetivas precisas para que los socialistas de Cataluña propongamos una iniciativa política que trata de romper el círculo vicioso de dos modelos agotados que en el fondo se potencian mutuamente. Esta iniciativa federalista es, pues, un proyecto para Cataluña, que debe servir para dar un nuevo impulso y relanzar la autonomía. Y es también un proyecto para el conjunto de España formulado desde Cataluña con el propósito de que la transformación democrática haga posible la convivencia pacífica y solidaria de todos los pueblos que la integran.

es profesor de Hacienda Pública de la universidad de