El episcopado niega que el nuncio del Vaticano presionase al Gobierno

La Conferencia Episcopal Española aseguró ayer en un comunicado público que ni ella ni el nuncio de la Santa Sede en España, monseñor Mario Tagliaferri, han realizado gestiones ante el Gobierno con el fin de aplazar un año la aplicación del llamado impuesto religioso.Este periódico publicó ayer que monseñor Tagliaferri ha realizado en las últimas semanas intensas gestiones ante el Gobierno, a través de algunos ministerios clave, para lograr un retraso de un año en la aplicación de la citada asignación tributaria, que según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado debe entrar en vigor el próximo año.

La nota de la Conferencia Episcopal señala también que resulta gratuito afirmar que la aplicación del impuesto religioso puede significar una disminución de los ingresos de la Iglesia católica, ya que el proyecto de ley recoge los mecanismos de ajuste necesarios".

El comunicado agrega que "la comisión permanente de la Conferencia Episcopal en el comunicado final de su reunión celebrada la semana pasada, de acuerdo con la Nunciatura Apostólica y con la conformidad de la Santa Sede, manifestó al Gobierno su aceptación de la entrada en vigor del nuevo sistema, decidida por el mismo Gobierno".