La parodia del proyecto socialista

Señor Moscoso, fiscal general del Reino, ¿conoce usted la ley socialista del aborto?Tras unos años de obstrucción parlamentaria y judicial de la aplicación de la ley que regula la despenalización parcial del aborto, estamos en los primeros jucios.

En ninguno de ellos hay constatación pericial de la existencia previa de embarazo y, menos aún, de que se haya producido la interrupción del mismo. En todo caso, resulta mucho más grave que puedan considerarse ilegales estos casos en el ánimo del legislador socialista y en el entorno social que contempla estos juicios.

Del primer caso ya tenemos sentencia: dos meses para la paciente, un año para la acompañante y dos años de condena para un colaborador de mi clínica. El fiscal pedía cinco años a mi compañero por habitualidad, cuando este concepto sólo puede considerado, según la legislación actual, en caso de sentencias previas.

Igualmente, considerar ilegal una interrupción efectuada a una prostituta menor de edad, sometida a la más brutal de las condiciones a las que puede ser sometida una mujer: a la prostitución, con minoría de edad y bajo violencia y coacción de un proxeneta.

Usted sabrá, hay estudios sociológicos que lo demuestran, que estas mujeres se reclutan en los sectores más explotados y marginales de la sociedad, y que esta carne joven no la paga el sector social que la aporta; son los beneficiarios de un sistema especialmente brutal de explotación y miseria humana los que la disfrutan.

Considerar una interrupción de embarazo, engendrado en estas condiciones de miseria y sordidez humana, como algo ilegal, y que por lo demás sólo sufren los débiles, es demostrativo de que algo no funciona en el camino que va del Parlamento a los ciudadanos de la calle, y eso es la administración de justicia. Todo ello, dicho con independencia de que jamás se pudo demostrar la existencia previa de embarazo ni c le aborto y, por supuesto, sin poner en duda la mejor intención subjetiva y honradez de los magistrados.

Sostienen unos valores de fondo donde el hecho juzgado es mera ocasión o circunstancia. Dejando de nuevo aparte mi convencimiento de que los magistrados juzgan con su mejor ciencia y conciencia, hay una interpretación sociológica: están defendiendo unos intereses de clase, de sexo y de grupo social, a pesar, en contra y sobre la ley socialista de despenalización del aborto.

¿Qué defienden?

Defienden unos intereses que derivan de unas condiciones sociales donde la miseria, la explotación y la sumisión son determinantes básicos. En definitiva, al capitalismo que se desarrolló en los años de la dictadura franquista.

Sin embargo, el desarrollo económico de estos últimos años hace que los auténticos detentadores del poder político y económico no lo compartan.

Igualmente, defienden una situación de la mujer donde su opresión y enajenación de sus derechos es básica para la perpetuación de esta sociedad machista.

No deja de ser sorprendente que hayan conseguido encarcelar a los pocos médicos que hemos ayudado a interrumpir embarazos indeseados a las mujeres, dentro de España, en las mismas condiciones sanitarias en que lo hacen los sectores privilegiados, en España o en el extranjero.

Por el contrario, es revelador que las decenas de miles de proxenetas obtengan, salvo honrosas excepciones como las de Valencia, la más asombrosa impunidad. Por último, defienden unos intereses de grupo, ya que en etapas de alta movilidad social se encuentran inseguros. Persiguen no sólo la independencia judicial, que todos apoyamos, sino que buscan su impunidad.

Extrema necesidad

Espero que sea su gran actividad la que haya impedido hacer uso de la jerarquización fiscal, al no ordenar a los fiscales retirar estas acusaciones, ya que se da el caso de que a miembros de nuestra clínica, legalizada por la ley socialista, se les pida cerca de 100 años de cárcel, cuando todos los casos son similares al expuesto.

En todos los sumarios a los que me refiero se da la situación de extrema necesidad y se daña gravemente la salud física y psíquica de las mujeres, y que una interpretación mínimamente progresista de la ley hace que se nos considere legales.

Señor Moscoso, cuando entre las prostitutas se encuentren hijas de banqueros, financieros, terratenientes o altos cargos o, sin ir más lejos, de médicos, abogados, jueces y fiscales, se les podrá exigir una responsabilidad a estas mujeres y a los que les interrumpan un embarazo.

Entre tanto, considero una parodia cruel que se nos siga pidiendo penas de cárcel en los casos antes citados, recogidos en la legislación vigente, a la vez que aquellas mujeres que dispongan de medios económicos puedan abortar impunemente en el extranjero.

Proyecto decadente

Mientras tanto, un embrión en el útero de una mujer que no reúne las mismas condiciones es aquí un nasciturus y su evacuación puede llevar a la cárcel a mujeres, acompañantes, colaboradores y médicos. Demasiao, señor fiscal general. Si a pesar de haber tenido conocimiento de estos hechos, se constata que las peticiones fiscales continúan, tendré que admitir que el proyecto socialista no sólo está parado, sino en franca decadencia.