La banca acusa a Solchaga de incumplir un acuerdo alcanzado con el presidente del Gobierno en 1984

El presidente de la patronal bancaria AEB, Rafael Termes, ha dirigido recientemente una carta al ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, en la que le acusa de romper los acuerdos alcanzados en junio de 1984 entre el presidente de¡ Gobierno, Felipe González, y el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, sobre el levantamiento del secreto bancario y las vías que quedarían abiertas para tratar de encauzar el dinero negro dentro del sistema financiero. La decisión de Hacienda de monopolizar el dinero negro ha provocado fuertes discusiones.

El texto de la carta, fechada el pasado 3 de septiembre, de Rafael Termes al ministro de Economía representa una dura queja a la decisión del ministerio de elevar del 8,5% al 15% el tipo de interés mínimo al que las instituciones autorizadas (bancos, cajas y grandes sociedades) pueden emitir pagarés con el 45% de retención en origen, cuyos titulares no deben comunicarse al fisco.Para Termes, esta fuerte subida representa vulnerar el acuerdo alcanzado en los primeros días del mes de junio de 1984 en una cena celebrada en el palacio de la Moncloa a la que asistieron, además de Felipe González y Miguel Boyer, los presidentes de los bancos Central y Banesto, Alfonso Escámez y Pablo Garnica, y el propio presidente de la AEB. En aquella cena se decidió que debían existir activos financieros. sin información fiscal y que estos activos no debían ser emitidos en exclusiva por el Estado a través de los pagarés del Tesoro. Por ello se aceptaba la existencia de los activos financieros con retención en origen del 45% (conocidos como afros), que serían colocados por bancos y cajas de ahorro, así como por grandes empresas nacionales.

Los presentes en la reunión entendían que la existencia de estos afros no debía dificultar la colocación de pagarés del Tesoro (instrumento para financiar el déficit público y de control monetario), por lo que el tipo de retención inicial se fijaba en el máximo posible, de acuerdo con las tablas del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Criterios objetivos

La tercera pata del acuerdo consistía en establecer un tipo mínimo sobre el que se practicaría la retención en origen para no favorecer posibles prácticas desleales. La existencia del tipo mínimo impedía que algunas instituciones cayeran en la tentación de emitir unos pagarés a tipos muy por debajo de los de mercado -por lo que los impuestos satisfechos serían muy pequeños- que podrían ser adquiridos por filiales de esas instituciones, que posteriormente se los podrían ceder a los inversores finales a unos precios más elevados. Si no se hubiera puesto el tipo mínimo, Hacienda habría dejado de recaudar fuertes cantidades de dinero, mientras que a los bancos el coste de su pasivo se les habría abaratado y los inversores pagarían cantidades ridículas por mantener opaco su dinero.

El tipo mínimo debería ser "objetivo", es decir, fuera del alcance de las presiones de las instituciones financieras o del propio Estado, y por ello se decidió que debería estar próximo al de los activos financieros controlados fiscalmente. Por ello se eligió como referencia el tipo de interés de los depósitos normales de bancos y cajas a un año de plazo.

Lo cierto es que, con ciertas desviaciones no especialmente significativas y con escasas modificaciones, ese precio de referencia ha estado en activo desde que entró en vigor la ley de fiscalidad de determinados activos financieros. Pero a primeros del mes de agosto se rompió ese acuerdo al elevar Economía el tipo mínimo desde el 8,5% hasta el 15%. Según los datos publicados por el Banco de España, cuya última cifra corresponde a junio, el tipo de interés de los depósitos a un año en la banca estaba en el 9,08%, y en las cajas de ahorro en el 8,90%. Si las autoridades económicas querían elevar el tipo mínimo, dado el creciente: peso de los afros, podían haberlo hecho hasta dejarlo en el 10%, lejos de los precios de mercado, pero no en la proporción en que ha quedado ahora.

Romper el monopolio

Rafael Termes, en su carta, señala al ministro de Economía que la decisión de subir el tipo mínimo tiene como consecuencia que el Estado se arroga "la total exclusiva de emisión de títulos con opacidad fiscal", lo que va en contra del acuerdo alcanzado hace poco más de tres años, al tiempo que acusa a la Administración de reservarse "la facultad de colocar estos títulos a las entidades de crédito a rendimientos totalmente arbitrarios y fuera de mercado", refiriéndose de forma clara a los pagarés del Tesoro (en los que bancos y cajas de ahorro tienen que invertir el 10% de sus depósitos), que si en un principio tenían unos tipos de interés establecidos mediante mecanismos de mercado, ahora se establecen por decisión administrativa.